El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos abrió una investigación formal tras detectar presuntas irregularidades por más de 100 millones de pesos en fondos destinados a comedores escolares del departamento Concordia. El hecho genera fuerte preocupación, dado el contexto de crisis social y económica en una de las ciudades con mayores índices de vulnerabilidad del país.
Según la información oficial, una auditoría interna iniciada el 3 de abril por la Dirección de Comedores —dependiente de la Secretaría de Gestión Social— reveló inconsistencias en la ejecución de partidas alimentarias en 37 escuelas, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2025. El relevamiento detectó una diferencia de $103.738.136 entre los recursos asignados para la compra de alimentos y las adquisiciones realmente efectuadas por los establecimientos.
A raíz de estos hallazgos, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, dispuso el inicio de una información sumaria para determinar eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales. El expediente ya fue remitido a la Fiscalía de Estado de la provincia.
Como consecuencia inmediata, el gobierno provincial resolvió el apartamiento de la coordinadora de Comedores Escolares del departamento Concordia, Silvina Murúa, quien anteriormente había denunciado presuntos desmanejos en el área. No obstante, la auditoría interna sugiere que sería ella quien habría incurrido en conductas irregulares.
Desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos consideraron que existen elementos suficientes para avanzar con una investigación formal y esclarecer la situación, “en función de velar por la transparencia y el cuidado de los recursos públicos”.
Este nuevo capítulo se suma a una serie de controversias que han sacudido el área en los últimos años, con fuertes implicancias sociales debido al rol clave de los comedores escolares en la contención alimentaria de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Las autoridades aseguran que se actuará con “todo el rigor de la ley” para esclarecer lo ocurrido y, en caso de comprobarse delitos, aplicar las sanciones correspondientes.
