La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de cuatro personas –tres hombres y una mujer– acusadas de integrar una organización criminal dedicada al comercio de estupefacientes, principalmente cocaína, en la ciudad de Chajarí y zonas cercanas.
Las juezas Cintia Gómez y Beatriz Aranguren resolvieron rechazar los recursos de apelación presentados por las defensas y ratificaron la resolución dictada el pasado 16 de mayo por la magistrada de primera instancia. En consecuencia, se mantiene el procesamiento con prisión preventiva para los imputados, además del embargo de bienes por $5.000.000 a cada uno.
Una investigación iniciada en diciembre
La causa se inició el 3 de diciembre de 2024, a partir de una nota remitida por la División Toxicología de la Delegación Chajarí de la Policía de Entre Ríos a la Fiscalía Federal de Concordia. La comunicación informaba sobre maniobras sospechosas de tráfico de drogas por parte de una presunta banda organizada.
Según el expediente, la estructura criminal estaría conformada por un líder, un coordinador logístico, un proveedor y una persona encargada de la distribución y reventa de la droga.
Allanan domicilios y detienen a los acusados
El 23 de abril de 2025, se ejecutaron siete allanamientos simultáneos en domicilios vinculados a los investigados. Como resultado, se incautaron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas, vehículos, elementos de corte y documentación, entre otros objetos.
Los cuatro sospechosos fueron detenidos ese mismo día y declararon el 28 de abril ante la jueza federal, quien ordenó su procesamiento y prisión preventiva, decisión que ahora queda ratificada por la Cámara Federal.
Fundamentos del fallo
La Cámara sostuvo que mantener a los imputados detenidos resulta “idóneo, necesario y proporcionado” para garantizar su presencia en el proceso y evitar posibles obstaculizaciones de la investigación, aún en curso.
Las vocales destacaron “la complejidad del caso, la logística empleada por la organización y la existencia de pruebas pendientes”, como razones que refuerzan el riesgo de entorpecimiento en caso de que los acusados recuperen la libertad.
Además, señalaron que parte de la investigación se desarrolló mediante intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia y registros fílmicos, lo que evidencia el grado de planificación del grupo y justifica la continuidad de la detención preventiva.
