La restricción, que se toma 25 días antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, no impide que los partidos de gobierno y quienes encarnan sus candidaturas realicen actividades proselitistas. Sólo cancela la realización de inauguraciones y lanzamientos de obras y programas, por ejemplo.
A partir de la primera hora del miércoles 19 de julio comenzará a regir en todo el país la veda de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio.El plazo comienza a correr 25 días antes de las primarias del 13 de agosto.
Desde el 19 de julio, las autoridades nacionales, provinciales y municipales tendrán prohibida la realización de actos públicos que puedan ser considerados como acciones destinadas a promover el voto hacia los oficialismos.
La restricción, que se toma 25 días antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, no impide que los partidos de gobierno y quienes encarnan sus candidaturas realicen actividades proselitistas.
Sólo cancela la realización de inauguraciones y lanzamientos de obras y programas, por ejemplo.
La veda está contenida en el artículo 64º del Código Electoral Nacional (CEN), que indica: “Durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten”.
“Queda prohibido – agrega – durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”.
El CEN establece también en su artículo 133º bis que los funcionarios públicos que autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación de la prohibición “serán pasibles de inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para el ejercicio de cargos públicos.
