La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que Argentina transfiera el 51% de las acciones clase D de YPF a fondos de inversión extranjeros. La medida se desprende de la condena que ya había impuesto a la República Argentina, que obliga al país a pagar US$ 16.100 millones por la expropiación de la petrolera en 2012.
La orden indica que el Estado argentino deberá realizar la transferencia en un plazo de 14 días hábiles a una cuenta de custodia del banco BNY Mellon en Nueva York.
El fallo tuvo un fuerte impacto en los mercados: las acciones de YPF cayeron un 8% en Wall Street y un 6% en la Bolsa local.
Este nuevo revés judicial representa un duro golpe para el Estado nacional en medio de una compleja situación económica y política, y vuelve a poner en el centro del debate la estatización de YPF y sus consecuencias a largo plazo.
