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Omar Acosta Activista en Discapacidad y Adultos Mayores

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Omar Acosta Activista en Discapacidad y Adultos Mayores, Operador Social Comunitario y Presidente de la Agrupación Discapacidad y Adultos Mayores de Entre Ríos. Sigue trabajando en una lucha día a día sobre las personas con discapacidad y adulto mayor también es el presidente de ADAMER (Agrupación de Discapacidad y Adulto Mayor de Entre Ríos.)

Convencionista a nivel Internacional, Uruguay, Paraguay, dando charlas y asesorando sobre el derecho a las Personas con Discapacidad

En un dialogo que tuvo con Radio News Media, comentó ,lo que hay que saber de la atención con prioridad a PCD en establecimientos públicos y privado en nuestro País.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que nuestro país suscribió por Ley Nacional 26.378, asimismo el 19 noviembre de 2014 a través de Ley Nacional 27.044 se le otorgó Jerarquía Constitucional a la Convención, deja sentado en su preámbulo que los países firmantes reconocen la necesidad de “promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad”, y subraya la “autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”, así como también “la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” y que aún se sigue “observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con los demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas partes del mundo”, dicho esto, el Estado Nacional asumió el compromiso de adecuar la legislaciones en pos de estos intereses, en tal sentido tiene la responsabilidad de procurar por todos los medios un apoyo más intenso, para paliar la profunda desventajas social y de restricción de las personas con discapacidad, promoviendo su participación y garantizándoles adecuadamente igualdad de condiciones y oportunidades con lo demás. No obstante, es harto conocido por todos, que existen circunstancias en las que indudablemente debe intervenir el Estado a través de la consagración de derechos para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, por situaciones que deberían corresponder, por su naturaleza, al ámbito moral y de las buenas costumbres.

La preocupación del colectivo de la discapacidad, arranca de varias décadas atrás, al observar y recibir información que continuamente existían episodios a diario en los cuales se vislumbran actitudes intolerantes respecto a que son dejados de lado, son ninguneados, se omiten, y de la desidia con la que se trata culturalmente a personas con discapacidad y también a adultos mayores y mujeres con embarazo avanzado, en distintos establecimientos, públicos como privados, en lo que respecta con la atención al público. Se observa la falta de respeto frente a una persona que indudablemente tiene que tener una prioridad en la “atención al público” inclusos en las filas, sea cual fuera la tramitación, compra o pago, (solo por una cuestión de educación y buenas costumbres una persona con discapacidad necesita ser atendido con prioridad), hasta no hace muchos años, la ausencia de este gesto inmediato convertía a quien cometiera esa descortesía en el eje de las miradas acusadoras del resto. En la actualidad, la naturalización de esta falta de solidaridad hace vislumbrar que a un continuamos con actitudes intolerantes, incultas, falta de respeto a una persona con prioridad, haciendo caso omiso a las disposiciones vigentes, en relación a la “Atención con Prioridad”, en los diversos y distintos establecimientos públicos o privados, incluso con los asientos reservados, en los estacionamientos, en las filas de entidades bancarias y cajeros, supermercados, obras sociales, hospitales, oficinas públicas, cuando la prioridad de atención por las características de la misma debería ser de orden moral, educativo, de buenas costumbres, de “buen trato”, sin embargo, en la actualidad en diversas jurisdicciones provinciales se han sancionado normas que regulan esta cuestión, atento a la falta de cumplimiento en las personas con diferentes discapacidades, más allá de no observarse la cartelería obligatoria, los responsables de que esto se cumpla hacen caso omiso, con su actitud inculta y la misma falta de respeto que también incurren estos “personajes”, en la práctica se detectan a abuelos, embarazadas, mujeres con niños y personas con discapacidad que realizan la fila detrás de la caja junto a todos los demás, realizando largas colas, siendo que no se encuentran en condiciones de soportarlas, llegando en muchas ocasiones a situaciones de malestar o descompensarse por el tiempo transcurrido. Si alguno logra ser atendido con prioridad es porque algún cajero o cliente cortés tuvo el solitario gesto de buena voluntad, pero no es la regla que se respete por parte de los comercios ni del resto de la ciudadanía. La prioridad de atención por las características de la misma correspondería ser de orden cultural, moral, de buenas costumbres, de educación y de “buen trato”, sin embargo, la gente y a falta empatía y educación, continúan incumpliendo con este mandato cultural de la prioridad de atención a las personas antes mencionadas, para subsanar los hechos narrados, es que se sancionaron leyes y ordenanzas municipales análogas en diversas jurisdicciones provinciales que regulan al respecto el tema en cuestión y que esta vez tienen sanciones para quienes incumplan con el ordenamiento normativo vigente. Atento a estas circunstancias, las leyes y ordenanzas municipales viene a resolver de alguna forma esta problemática recurrente en la atención al público, tanto estatal como privada, por la gran concentración de personas que muchas veces se forma en los establecimientos públicos y privados, generalmente deviene en interminables colas; y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con discapacidad en estado de gravidez que asisten a estos sitios o en ventanilla de pago de servicios o de diversos pagos, la cuestión que con estas normativas han tomado el tema y lo han plasmado en legislaciones locales, en casi la mayoría de las provincias, donde se les otorga a las personas con discapacidad y/o movilidad reducida o embarazadas, la prioridad de atención, también en los bancos

Conforme a lo que ya está establecido culturalmente y dispuesto en las leyes y ordenanzas provinciales y municipales y otras disposiciones nacionales, conocidas en las diversas jurisdicciones provinciales, este ordenamiento jurídico son análogos en todas las jurisdicciones del país, en ese sentido regulan el tema en cuestión, y son entre ellas la Ley Nacional 24.314; Ley Nacional 27.611; Ley Nacional 24.240 Art. 8º y 52º bis  Y Ordenanzas Municipales determinan caso en particular, la atención prioritaria en oficinas de la administración pública estatal a las personas con discapacidad, lo mismo sucede para los bancos, cajeros automáticos, cajas de súper mercados, ventanillas hospitalarias y de obras sociales, en muchos de los casos estos lugares recuerdan al público, con el cartel obligatorio del símbolo de accesibilidad, con la siguiente leyenda “Atención Prioritaria a Personas con Discapacidad, Mujeres con embarazo avanzado y Personas Mayores con Movilidad Reducida Ley Nº…”

La implementación de este tipo de políticas públicas arriba descrito fue el punto de partida para la realización de toda una serie de medidas encaminadas a lograr el pleno respeto a las personas con discapacidad, por lo general las normativas han sido redactadas básicamente en estos términos analógicamente:

1º) La Atención Prioritaria de las mujeres con embarazo avanzado, adultos mayores y personas con discapacidad en todos los establecimientos públicos municipales, edificios, oficinas, dependencias, entes, centros de distrito, etc. y privados, entidades financieras, empresas prestatarias del servicio de salud, grandes superficies comerciales, comercios minoristas y mayoristas, cines, teatros, restaurantes, estadios deportivos y demás entes privados que presten atención al público en cualquier forma y/o modalidad, deben otorgar “prioridad y preferente atención a las personas antes mencionadas”.

2º) Se estableció que dichos establecimientos deberán exhibir obligatoriamente un cartel a la vista del público, que contenga con letra legible y de tamaño visible, la siguiente leyenda: “Prioridad de atención de persona con discapacidad, mujeres con embarazo avanzado y adultos mayores”.

3º) En los establecimientos privados de concurrencia masiva, supermercados, hipermercados, autoservicios, mega mercados, o de cualquier otra denominación que adopten, siempre que superen los 200 metros cuadrados de superficie, deben contar con un 20% de cajas destinadas a la atención prioritaria establecida en las normativas vigentes. En el caso que cuenten con menos de cinco cajas, deberán tener como mínimo 1 (una) con el cartel descripto, que este destinada a la atención prioritaria.

4º) Se legisla que los establecimientos privados que incumplan con las obligaciones que se establecen en la normativa negando la atención prioritaria en las condiciones que allí se exponen, serán pasible de la multa que establece la ley u ordenanza en conformidad con el procedimiento reglado en el Código de Faltas y la Dirección de Defensa del Consumidor podrá, previa denuncia de parte interesada, aplicar las sanciones a lo que refiere la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240 Art. 8º bis. y Art. 52º bis. “Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios”.

5º) Así mismo se legisla que los establecimientos privados que incumplan con las obligaciones que fueron establecida en la normativa, no exhibiendo el cartel correspondiente con la leyenda: “Prioridad de atención de persona con discapacidad, mujeres con embarazo avanzado y adultos mayores” o no existiendo cajas destinadas a la atención prioritaria en las condiciones que la norma expone, será pasible de la multa que establece la ley u ordenanza en conformidad con el procedimiento reglado en el Código de Faltas y la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240 Art. 8º bis. y Art. 52º bis. y el organismo pertinente podrá, previa denuncia de parte interesada, aplicar las sanciones a las que se refiere la ley ante mencionada.

6º) La autoridad de aplicación o los organismos pertinentes son lo que tienen que instrumentar las medidas correspondientes, para garantizar la difusión de lo normado, promover su cumplimiento y control en todos los establecimientos públicos y privados de la ciudad que presten atención al público. La Prioridad debe ser de Orden Moral y Educativa, el comportamiento cortes y civilizado de la Gente, esta normativa de orden cultural se cumpliría plenamente, si la autoridad de aplicación difunde como corresponde la plena vigencia de lo normado y se resolvería esta histórica problemática recurrente. Con el fin de garantizar concretamente el cumplimiento de la normativa en cuestión, es que se estableció SANCIONES que desalienten el alejamiento, o de pasar por alto o hacer caso omiso de las disposiciones vigente que están establecidas.

De acuerdo a las actuaciones citadas y a las consideraciones efectuadas precedentemente, corresponde manifestar para que no haya ninguna duda de la existencia de los diversos textos jurídicos análogos en todo el país, que sustentan y fundamentan con claridad argumentaciones con el fin de promover la ATENCIÓN PRIORITARIA a las personas con discapacidad, ya sean en establecimientos públicos o privados y que en ese mismo sentido se establecieron SANCIONES POR SU INCUMPLIMIENTO, es muy importante destacar la existencia concreta de estas normativas análogas y precisas, entre dichos instrumentos jurídicos podemos citar a la Ley

Fuentes: Artículo 29 Federal Agrupación Discapacidad y Adultos Mayores Entre Ríos .

Luis Liendro (Coordinador Nacional Grupo Artículo 29 Federal) y Omar Acosta (Operador Psicosocial y Promotor de Derechos)

https://radionewsmedia.com/

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Clima en Los Charrúas y Región hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de febrero

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 29 de febrero, la temperatura rondará entre 22 y 30 grados ; la probabilidad de lluvias alcanzará el 10 y 40 por ciento en Los Charrúas. El pronóstico del tiempo para la región de Los Charrúas indica que hoy 29 de febrero el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima presenta una probabilidad de lluvia de 10 y 40 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería regular.

Pronóstico del tiempo en Los Charrúas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.

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Crisis en los medios: despidos, retiros y bajos sueldos sacuden la prensa en Entre Ríos

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Once periodistas y fotoperiodistas abandonaron en las últimas horas la Redacción de Diario Uno de Entre Ríos. La empresa editora, Grupo América, es el segundo multimedios más importante del país, según un relevamiento publicado en 2019 por el diario Tiempo Argentino, y tiene en su pool a Diario Uno de Entre Ríos. El Grupo fue fundado por el empresario mendocino Daniel Vila, y su coterráneo, José Luis Manzano, exdiputado por el Partido Justicialista (1983-1989) y exministro del Interior (1989-1992) de Carlos Menem.
Como no ocurría en mucho tiempo, los trabajadores que quedaron en la Redacción de Uno empezaron una lenta organización sindical para frenar los embates de la empresa, que pide más trabajo por igual salario. Ya consiguieron el resguardo sindical de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), aunque el conflicto recién comienza. Este viernes hubo una asamblea en la que los trabajadores decidieron elaborar un pliego de reivindicaciones que presentarán a la firma editora.
En El Diario las cosas no están mejor. Ya no se edita más en papel de lunes a viernes, y sólo lo hace fines de semana, una estrategia que podría seguir también Diario Uno.
Desde 2018, cuando echo a 80 trabajadores, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, viene a los tumbos y al borde de la quiebra: el proceso de concurso preventivo navega entre los pliegues insondables de la Justicia entrerriana.
En los últimos días la mínima Redacción que quedó tras sucesivos recortes de personal había comenzado una huelga ante la falta de pago de salarios. La protesta se visibilizó en la edición digital del matutino: no se actualizó entre el 15 y el 23 de este mes.
Mientras, el juez que lleva el concurso preventivo, Ángel Moia, designó un coadministrador para que intente ordenar el desmadre administrativo y financiero que arrastra SAER, entre cuyo directorio está la familia del exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere; el excandidato a gobernador de La Libertad Avanza, Arturo Sebastián Etchevehere; y el representante de los empresarios del campo, Juan Diego Etchevehere.
Otra empresa en constante crisis es LT15 Radio Concordia, cuyos trabajadores vienen desde hace años cobrando salarios en cuotas. De momento, la empresa les ha pagado el 50% del salario del mes de enero.
“Hace casi 20 años que las y los trabajadores de radio LT15 venimos cobrando el sueldo en cuotas por fuera de término, percibiendo mínimas cifras semana tras semana hasta los últimos días del mes. Un verdadero atropello a uno de los derechos laborales primordiales”, plantearon los empleados a través de una carta pública.
“El salario está ligado a las condiciones de vida y alimentarias de nuestras familias y más aún en estos tiempos donde el poder adquisitivo ha caído estrepitosamente en términos históricos. Decimos ¡Basta! ¡Basta de está burla! Trabajamos en una empresa que ha generado una engañosa `ingeniería` para hacer creer que es una pequeña pyme cuando tiene todos los recursos económicos necesarios para cumplir con los derechos laborales más básicos y pagar los salarios a término”, señalaron.
Y agregaron: “Para colmo de males nos roban parte del salario porque lo que nos descuentan para obra social y jubilaciones no hacen el aporte correspondiente. No sólo nos roban sino que juegan con nuestra salud y nuestro futuro jubilatorio”.
Juan Manuel Pralong, delegado de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), trabajador de la radio pública LT11, de Concepción del Uruguay, dice que ante la grave situación en los medios, públicos y privados, el rol de la Secretaría de Trabajo de la Provincia ha sido, en los últimos años, dejar hacer y no intervenir.
«En LT15, y en todos los medios que pertenecen al mismo grupo, ligado al Grupo Uno y Diario La Capital, se están ofreciendo retiros voluntarios. En realidad, amenazan con retiros voluntarios. Los compañeros tienen mucho miedo. Hay cierta coacción y son despidos encubiertos. La empresa está en condiciones de pagar en tiempo y respetar los derechos de los trabajadores», sostiene.
En la radio AM de Concordia hay periodistas, locutores y operadores que tienen relación bajo contrato con monotributo. «Esto, lamentablemente, no solo pasa en los medios privados; también pasa en los medios públicos», alerta Pralong.
La Ley Ómnibus contenía un apartado por el cual disponía la privatización de todos los medios públicos y el fracaso de su tratamiento en el Congreso trajo algo de alivio a los trabajadores. «Es un humilde gol de los laburantes, pero los medios públicos han sido intervenidos. En los medios del interior, siguen los mismos directores del gobierno anterior. Pero preocupa la situación salarial. En seis años, hemos perdido el 70% del poder adquisitivo los trabajadores de los medios públicos. Hoy un básico está entre $250 mil y $270 mil», detalla.
LT27, la AM de Villaguay, está en una situación híbrida: en 2021, luego de que sus anteriores dueños la dejaran a la deriva, fue intervenida por el Ente Nacional de Comunicación (Enacom), y aunque en 2023 la licencia para operar la radio fue entregada a unos particulares, éstos pidieron un plazo de 90 días para hacerse cargo pero ese plazo se venció y todo sigue más o menos igual. «Nadie se hace cargo», dicen los trabajadores.
En ese contexto, la radio emite de 7 a 19, bajo responsabilidad de sus propios trabajadores, que cobran por cuentagotas apenas el 50% de los que deberían percibir. Radio La Voz de Montiel sigue intervenida por el Enacom, «pero no sabemos qué va a pasar con nosotros. La radio está a cargo de los cinco empleados que somos. Un operador, tres locutores y un administrativo. Nadie más. No tuvimos respuesta antes de las elecciones, y ahora menos. No sabemos quién tiene la licencia de la radio».
La licencia de LT27 fue adjudicada por el Enacom a Versión Rosario SRL, una sociedad integrada por Marisa Aida Gallina y Lautaro Salvador Sosa, nombres a su vez que aparecen ligados a Lindor SA.
En cercanías a Villaguay, Lindor S.A. del empresario Orlando Vignatti, es titular de una 11.000 hectáreas en la estancia El Tigresito, donde funciona/ba el Haras Lindor: «La importante inversión y la pasión con que se encaró este proyecto seguramente en el mediano plazo lo convertirá en uno de los establecimientos más importantes de la Argentina», publicó La Capital (donde Orlando Vignatti sostiene una participación del 30%). Por acta de directorio, en enero del 2019 se anuncia la renuncia de los Vignatti, padre e hija y se notifica la designación como presidenta de Lindor de Marisa Aida Gallina, pareja de Vignatti y Lautaro Sosa como vicepresidente, según los datos que manejan los trabajadores de la radio.
Aunque el anterior dueño de la AM de Villaguay, el dirigente del PJ Adalberto Álvarez, no se ha desligado por completo. El terreno donde se ubica la radio le pertenece aunque está en medio de un conflicto sindical por el reclamo labora de un extrabajador de la radio.
De momento, LT27 está sin timón y a la deriva. Como muchos otros tantos medios. Y sus trabajadores, en medio de la incertidumbre más oscura, como en casi todos los medios.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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El CGE anuncia descuentos a docentes entrerrianos que participen en paro de este jueves y viernes

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Este miércoles, ante la falta de un acuerdo paritario entre los gremios docentes y el Gobierno provincial, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) ha convocado a un paro de 48 horas que iniciará este jueves 29 de febrero y concluirá el viernes 1 de marzo. En respuesta a esta medida de fuerza, el Consejo General de Educación (CGE) ha comunicado a través de una Circular que los docentes que se adhieran a esta acción tendrán descuentos en sus haberes.

Además, en el comunicado divulgado, se recuerda a los equipos directivos las responsabilidades inherentes a su cargo, según lo establecido en la Resolución 1297/22 del CGE. Asimismo, se hace hincapié en la vigencia de las resoluciones 300/97 y 442/92, que establecen la responsabilidad de los funcionarios públicos en garantizar el normal funcionamiento de los establecimientos educativos, incluyendo la apertura y cierre de los mismos, así como asegurar la prestación del servicio educativo y el ingreso del personal docente y administrativo.

Finalmente, se les ha encomendado la tarea de informar al superior inmediato sobre licencias e inasistencias del personal, tanto docente como administrativo o de servicios, utilizando el sistema SAGE para llevar un registro diario de asistencia.

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