El Gobierno ha tomado la decisión de dar de baja un total de 22.500 planes adicionales del programa Potenciar Trabajo, suspendiendo así los pagos correspondientes. Esta medida fue oficializada con una suspensión de tres meses por parte del Gobierno, afectando a 22.501 personas, debido a la detección de viajes al exterior que, según las autoridades, no concuerdan con el estado de alta vulnerabilidad social y económica que se requiere para ser beneficiario del programa.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre, exintendente de San Miguel, fue el organismo encargado de llevar a cabo la cancelación de estos planes para aquellos individuos que no cumplen con los criterios establecidos. Según lo indicado por el ente gubernamental, los motivos principales para la baja de los planes son:
- Haber realizado un viaje de más de 30 días a cualquier destino.
- Que el viaje haya sido realizado en avión o crucero.
- Que el destino del viaje haya sido fuera de América Latina.
Esta acción se suma a un proceso de revisión que se inició durante la administración anterior, bajo el gobierno de Alberto Fernández, cuando Victoria Tolosa Paz estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Social. En este contexto, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) presentó una denuncia contra los funcionarios responsables del otorgamiento y control del Programa Potenciar Trabajo, solicitando la suspensión o baja de los planes sociales de aquellos beneficiarios que registraron viajes al exterior durante el período de percepción de su prestación.
Para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) proporciona un método para verificar si su plan está vigente:
- Ingresar a la aplicación Mi Argentina o a Mi ANSES.
- Completar los datos personales requeridos.
- Verificar si el monto correspondiente al programa Potenciar Trabajo está incluido en los pagos correspondientes al mes de febrero.
Esta medida busca garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos destinados a programas sociales, asegurando que lleguen a quienes más lo necesitan y cumpliendo con los requisitos establecidos para su otorgamiento.
