A pesar de ser una medida judicial con fines humanitarios o de descompresión carcelaria, el arresto domiciliario sigue mostrando graves fallas en su implementación y control. En menos de un día, la Policía de Concordia aprehendió a tres hombres que incumplían con esta condición judicial.
En la jornada de ayer, personal de distintas comisarías de Concordia detuvo a tres hombres por quebrantamiento de prisión domiciliaria o por pesar sobre ellos pedidos de captura vigentes. Los procedimientos, realizados en distintos puntos de la ciudad, dejan expuesta una preocupación creciente: la prisión domiciliaria, tal como está funcionando, no está garantizando el cumplimiento de las decisiones judiciales ni la seguridad de la comunidad.
Según se informó desde la Jefatura Departamental a este medio, el primer hecho tuvo lugar en inmediaciones de Chile y Zorraquín, donde fue aprehendido un joven de 22 años que había abandonado su domicilio el día anterior, sin autorización, y regresaba caminando por la vía pública.
El segundo caso ocurrió en calles Lamadrid y Néstor Garat, durante un operativo del programa “Barrio – Plaza Seguro”, cuando se identificó a un hombre de 27 años con un pedido de detención ordenado por el Juez de Garantías Dr. Mario A. Figueroa.
Por último, en la zona de calles Rivoli y Saavedra, un joven de 19 años fue sorprendido por la policía cuando intentaba ingresar en moto al garage de su vivienda, habiendo violado su arresto domiciliario. El control se realizó de forma rutinaria, lo que abre interrogantes sobre cuántos otros casos pueden estar ocurriendo sin ser detectados.
El arresto domiciliario no solo se otorga por razones humanitarias o procesales, sino también como respuesta a la falta de capacidad del sistema carcelario. La provincia de Entre Ríos, como muchas otras del país, sufre un importante déficit de infraestructura penitenciaria. Las unidades penales están saturadas, y los jueces deben optar por medidas alternativas que, en muchos casos, no tienen controles suficientes.
Fuentes policiales reconocen que los controles domiciliarios se realizan con personal reducido y sin herramientas tecnológicas que garanticen un seguimiento constante. En algunos casos, los imputados ni siquiera cuentan con dispositivos electrónicos como tobilleras.
¿Quién garantiza el cumplimiento de la ley?
Los tres casos registrados en pocas horas dejan en evidencia que el sistema judicial, sin capacidad operativa para hacer cumplir sus propias disposiciones, se debilita ante los ojos de la sociedad. Las víctimas, los vecinos y los propios operadores del sistema legal se enfrentan a un escenario donde las garantías no están dadas, ni para quienes deben cumplir penas, ni para la comunidad que espera protección.
