Los incendios forestales se mantuvieron como una constante en distintas provincias a lo largo del 2022 y por eso el Gobierno Nacional decidió prorrogar por un año más estado de “Emergencia Ígnea”, una categoría legal que habilita recursos y recrea las condiciones para que el Estado disponga de más herramientas para intervenir ante el daño que esto genera. La medida fue dispuesta a través del Decreto Nº2/2023, publicado este jueves 5 de enero en el Boletín Oficial.
La sequía y las condiciones climáticas son dos de los factores claves en la propagación del fuego. Para la temporada de verano se espera un mayor número de focos y frente a ello, el gobierno busca garantizar medidas.
En el artículo 1 del decreto se estableció la prórroga de la Emergencia Ígnea hasta el 13 de enero de 2024 en todo el territorio de la República Argentina. En el artículo 2 se aclaró que la medida entrará en vigencia el día siguiente a su publicación, es decir, a partir de este viernes.
De acuerdo a lo indicado en el decreto, la medida fue tomada dado que “continúa el riesgo de superación de la capacidad de respuesta de los medios empeñados en el combate del fuego”. Además, “la criticidad de la situación y el peligro inminente de una catástrofe ambiental, deviene necesario, imperioso y conveniente prorrogar la declaración de Emergencia Ígnea en todo el territorio nacional”.
Así, se espera dar continuidad a la adopción de “medidas urgentes y convocar con suma premura a los organismos involucrados y a las autoridades provinciales con el objetivo principal de frenar los incendios y comenzar inmediatamente con la restauración de las zonas afectadas”, detallaron.
Al dictarse la Emergencia Ígnea se permite simplificar el trabajo entre los organismos nacionales, provinciales y locales para que puedan hacer frente al combate de incendios, restauración de las zonas quemadas y prevención de nuevos focos.
En tal sentido, la norma sostiene que “la creciente cantidad de focos de incendios forestales, rurales, de pastizales y de interface en nuestro país constituye un preocupante fenómeno multicausal que demanda la adopción de medidas inmediatas, a través de la máxima coordinación y cooperación entre los organismos a quienes esta temática resulta transversal”.
La decisión de prorrogar la emergencia fue basada en los incendios masivos y reiterados que se registraron durante el año que pasó. Al generarse en zonas críticas, el gobierno consideró que el avance del fuego generó una situación alarmante que representa una “grave amenaza tanto para el ambiente y sus ecosistemas como para el patrimonio, la salud y la vida de las personas”.
Además, se advirtió que las consecuencias se ven agravadas por el cambio climático, y cuyo daño recae sobre bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y humedales.
Frente a los incendios surgidos, se advirtió que las condiciones meteorológicas adversas resultaron desalentadoras para combatir los incendios, de modo que “ha implicado un incremento de los pasivos ambientales generados y de los bienes y las personas damnificadas”, detallaron en el decreto. Por eso, se remarcó que la grave situación se los focos ígneos “impone la responsabilidad de arbitrar todas las medidas necesarias para prevenir consecuencias que requieren de generaciones enteras para recuperarse”.
