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A raíz de una denuncia por violencia de género, apartaron al titular del Copnaf Concordia.

Roberto Andrés Tribulatti dejó de estar al frente de la coordinación de la delegación Concordia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf)

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Roberto Andrés Tribulatti dejó de estar al frente de la coordinación de la delegación Concordia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), cargo al que había accedido en 2016 nombrado por la entonces titular del organismo, la actual ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira. El dato fue confirmado el presidente del organismo, Gabriel Leconte.

La resolución fue firmada este martes, y comunicada en Concordia. De momento, no hay un funcionario que haya sido designado como reemplazo. «La rectoría de la Delegación Concordia se sigue desde Paraná», aseguró Leconte. La medida, dijo, se adoptó luego de que trascendiera públicamente la denuncia por violencia de género contra Tribulatti. «Aunque también él decidió presentar su renuncia», aseguró.

Tribulatti había acumulado denuncias por violencia de género. La última, presentada a finales de 2022 por su expareja, María José Casañas, derivó en la imposición de medidas de restricción por parte de la Justicia. Por 180 días, el ahora exfuncionario tiene prohibido acercarse y realizar actos molestos o perturbadores, y deberá asistir a una audiencia en Tribunales cuando concluya la feria, en febrero próximo.

Este miércoles la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pidió la renuncia Tribulatti. El área de Género de ATE, a cargo de la dirigente Norma Alonso, empleada del Copnaf, apuntó a las responsabilidades políticas en la situación y cargó contra el titular del organismo, Gabriel Leconte, y la actual ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira. Paira estuvo al frente del Copnaf hasta que la promovieron a minjistra. “Tribulatti desde hace varios años tiene denuncia por violencia de género hacia su pareja. Ahora de nuevo salió ella con mucho dolor a contar la violencia de la que fue víctima por parte de Tribulatti”, planteó el sindicato.

“Este personaje viene en la coordinación desde la gestión de Marisa Paira. Por eso decimos que el poder político es responsable de sostener a violentos en lugares como el Copnaf, que es el organismo que lleva y define las políticas de niñez y adolescencia”, advirtió ATE. “¿Cómo no denunciar el nivel de incoherencia entre el discurso de protección y el sostenimiento de un violento? Tiene varias denuncias Tribulatti”, agregó.

Como contó el sábado 7 Entre Ríos Ahora, Tribulatti fue denunciado por su expareja, María José Casañas, y aunque los hechos se hicieron públicos a través de un posteo en su muro de Facebook también existe una denuncia por violencia de género -otra más contra el funcionario- radicada el 30 de diciembre en los Tribunales de Concordia. A partir de esa presentación, el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Turno, que le impuso medidas de restricción al titular del Copnaf Concordia por un plazo de 180 días.

Se ordenó a Tribulatti que “se abstenga de realizar actos molestos y perturbadores hacia la denunciante, personalmente y/o por cualquier vía de comunicación, ya sea mediante mensajes vía texto, Facebook o e-mail, a cualesquiera de los integrantes del grupo familiar y personas de su interrelación en cualquier lugar donde se encontraren, bajo apercibimiento de remitir las actuaciones al Sr. Agente Fiscal en Turno por la comisión del delito de desobediencia judicial sin perjuicio de otras figuras penales en que pueda incurrirse “.

También la Justicia le prohibió “el acercamiento a menos de 200 metros al domicilio del denunciado y a cualquier otro donde se encuentre”. Además, se le otorgó a la denunciante un botón antipánico.

Según reveló el mismo medio, María José Casañas eligió su muro de Facebook para exponer de forma pública las situaciones de gravísimos hechos de violencia de las que fue víctima de parte de Roberto Andrés Tribulatti, actual delegado en Concordia del Copnaf, que incluso involucró una situación de casi secuestro del hijo de ambos, a quien retuvo durante casi seis días sin contacto con su madre.

Casañas y Tribulatti se conocieron en 2010 y en 2017, ya separados, firmaron un acuerdo civil ante el Juzgado de Familia N° 1, de Concordia, sobre cuota alimentaria y regimen de visitas para el hijo menor de ambos. Aunque las situaciones de violencia comenzaron a los seis meses de esa relación: en su carta pública contó que «a los 6 meses ya tuve mi primer ´paliza´, sí le pongo ese nombre porque eso es lo que fue. Me pegó por primera vez delante de su familia (quienes no me defendieron), de mi hija (6 años en ese momento) y de sus hijos mayores (6 y 7 años en ese momento). De esa relación nació nuestro hijo quien hoy tiene 9 años de edad».

Lo denunció varias veces, en otras tantas tuvo que retractarse, cuenta a Entre Ríos Ahora. «La verdad es que viví muchos años de mucha violencia y miedo», relató. Dejó Concordia, su ciudad, y se fue al Sur de Argentina. Pero el hostigamiento siguió. «Pensé que con la distancia solamente se iba a solucionar. Pero este hombre no tiene paz», señala.

Tribulatti está desde 2016 al frente de la delegación Concordia del Copnaf, tras la renuncia de Fernando Rougier, salpicado mediáticamente con el escándalo del publicista Gustavo Alfonzo, condenado en 2o17 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Paraná, integrado por Roberto Manuel López Arango, Lilia Graciela Carnero y Noemí Marta Berros, a 10 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual -en sus modalidades de captación, acogimiento y traslado-, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad y minoridad de la víctima y por haberse consumado la explotación.

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UNER al límite: Sin presupuesto aprobado y convocatoria masiva a la protesta

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La decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso en agosto, generó una rápida reacción de las entidades universitarias.

Marina Zapata, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER, confirmó que este viernes se renovarán los reclamos locales a través de paros convocados por el frente sindical. Estas medidas de fuerza se iniciaron originalmente para exigir la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial de docentes y personal no docente.

“Lamentablemente, la ley 27.795 fue aprobada por el Congreso, pero el señor presidente la vetó”, recordó Zapata. Por este motivo, el frente sindical convocó un paro de 24 horas y además se instrumentará “una marcha universitaria el día en que Diputados vuelva a tratar la ley”, con el objetivo de que los legisladores “ratifiquen la ley de financiamiento y rechacen el veto”.

Movilización en Concordia

La vicedecana explicó que referentes de distintas instituciones de la ciudad planean reunirse el próximo lunes para coordinar cómo se replicarán las medidas a nivel local, en particular la marcha universitaria. Según Zapata, “seguramente en los primeros días de la semana que viene tendremos novedades al respecto”.

Zapata recordó que ya se realizaron dos marchas universitarias en Concordia y que esta sería la tercera. Además, destacó el acompañamiento de la sociedad local: “Agradecemos a la comunidad de Concordia, que comprendió la importancia de sostener la universidad pública y garantizar que todos puedan acceder a los estudios sin limitaciones”.

Llamado a la sociedad y a los legisladores

Para esta nueva protesta, Zapata subrayó la necesidad de que la sociedad comprenda la gravedad de la situación de las universidades públicas y que los representantes de Entre Ríos en el Congreso nacional apoyen la ratificación de la ley de financiamiento.

“De no aprobarse, iríamos por el tercer año consecutivo con presupuesto prorrogado, algo inédito en nuestro país. No tener una ley de presupuesto aprobado impide planificar, tener previsibilidad y gestionar adecuadamente los recursos que nos confía el Estado”, advirtió.

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Denuncian posibles fraudes en auditorías de pensiones por discapacidad en Paraná

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Responsables de distintos organismos de Entre Ríos presentaron este jueves una denuncia conjunta ante la Justicia federal de Paraná para que se investiguen presuntas irregularidades en las auditorías de las pensiones no contributivas realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La presentación fue dirigida al fiscal federal de turno, Martín Cabrera, por un amplio grupo de representantes y profesionales: Marcia López, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental y defensora del Pueblo de Paraná; Sandra Salina, integrante del Consejo Federal de Discapacidad; Cristina Ripari, directora de Integración y Discapacidad de la Municipalidad; Delfina Recalde, Sol Boeykens y Yasna Hamann, del Hospital Escuela de Salud Mental; Luisina Franco Mangioni, del equipo técnico del Órgano de Revisión; y Diego Vélez, director del Iprodi.

Supuestas irregularidades

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido entre el 1 y el 8 de agosto, cuando la Andis citó a beneficiarios de pensiones no contributivas a presentarse en un hotel céntrico de Paraná. La asistencia era condición para mantener la pensión y acceder al programa Incluir Salud.

Los denunciantes sostienen que las personas con discapacidad fueron atendidas por jóvenes que afirmaban pertenecer a una consultora contratada por la Andis, pero que no eran profesionales médicos. Estos se limitaban a registrar datos y diagnósticos, entregando constancias de asistencia con firmas escaneadas y sellos de médicos que no se encontraban presentes.

Entre las constancias figuraban sellos a nombre del cardiólogo Leandro Peñaloza y del médico Claudio Lapentina, ambos con números de matrícula ilegibles. Peñaloza, oriundo de Pergamino, había denunciado previamente la falsificación de su sello en auditorías realizadas en Misiones y aclaró que no mantiene vínculo alguno con la Andis, lo que refuerza la sospecha de que el mismo procedimiento se habría replicado en Entre Ríos.

Pedido de investigación

Ante esta situación, los denunciantes solicitaron a la Justicia federal que investigue los hechos y determine responsabilidades. Además, se pusieron a disposición para ampliar la información y colaborar en el avance de la causa.

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Entre Ríos en retroceso: caída histórica de empresas y empleo durante la gestión Milei

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Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela un panorama crítico para el mercado laboral y empresarial de Entre Ríos durante los primeros 19 meses de la presidencia de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y junio de 2025. Según el relevamiento, la provincia experimentó una pérdida generalizada de empleadores y puestos de trabajo registrados en casi todos los sectores de la economía.

Cierre de empresas: el comercio y la construcción entre los más afectados

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestran que la cantidad de empleadores con trabajadores registrados descendió de 17.405 a 16.833, lo que representa la desaparición de 572 empresas (-3,3%).

El sector más golpeado en términos absolutos fue Comercio al por mayor y menor, y reparación de vehículos automotores y motocicletas, que cerró 145 empresas. También se registraron caídas significativas en Transporte y almacenamiento (-77), Servicios de alojamiento y comida (-73), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-71) y Construcción (-60).

En términos relativos, los sectores que más retrocedieron fueron Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento (-15,4%), Construcción (-11,5%) y Servicios de alojamiento y comida (-10,3%).

Más de 11 mil empleos formales destruidos

El empleo registrado también evidenció un fuerte deterioro: Entre noviembre de 2023 y junio de 2025 se perdieron 11.334 puestos de trabajo (-4,0%), pasando de 281.045 a 269.711 trabajadores.

El golpe más severo afectó al sector de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, que perdió 45.468 empleos (-37,1%), marcando el ajuste más fuerte sobre el empleo estatal en décadas. Otras caídas significativas se observaron en Construcción (-3.073 empleos, -36,6%), Transporte y almacenamiento (-2.482, -25,7%) y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-1.441, -7,8%).

En contraste, algunos sectores mostraron mejoras: Enseñanza sumó 42.228 empleos (+158,1%), mientras que Comercio (+2,1%), Información y comunicaciones (+5,2%) y Energía (+3,2%) registraron incrementos modestos.

El impacto según el tamaño de las empresas

El informe de CEPA indica que el cierre de empresas se concentró principalmente en firmas de hasta 500 trabajadores, que representaron el 99,7% de los cierres. En cuanto a los puestos de trabajo, la caída se distribuyó casi por igual: el 50,2% de los empleos destruidos correspondió a empresas pequeñas y medianas, mientras que el 49,8% afectó a grandes compañías.

Conclusiones: contracción económica y efectos sobre las familias

CEPA advierte que el retroceso de Entre Ríos refleja un deterioro significativo de la estructura productiva y laboral provincial. La combinación de cierre de empresas y destrucción de empleos formales en sectores clave como la construcción, el transporte y la agricultura, sumada a la fuerte reducción del empleo público, configura un escenario de contracción que impacta directamente en la actividad económica local y en el bienestar de las familias trabajadoras.

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