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Boxeador afectado por un informe televisivo desmiente acusación y cargó contra el periodista Jorge Lanata y su programa

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El domingo, en el programa PPT, conducido por Jorge Lanata de Canal 13, presentó un informe que arrojó luz sobre la investigación de 160.000 viajes al exterior de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en Argentina.

El protagonista involuntario de esta controversia, Jorge Bermúdez “el picante”, se defendió de las acusaciones en sus redes sociales, alegando que si bien viajó y peleó, no lo hizo con fondos del Estado y dejó de formar parte del programa en ese momento.

Bermúdez relató cómo se enteró de su involucramiento en el informe televisivo: “Estaba en casa de una tía cuando un amigo me llamó y me dijo que encendiera la tele. Descubrí que estaban hablando de mí”. Desmintió las afirmaciones de lujo en su estilo de vida, invitando a Lanata y a los periodistas a verificar su realidad.

El boxeador explicó que, aunque fue beneficiario del programa por 8 meses, dejó de recibir el apoyo hace un año debido a su ausencia por compromisos deportivos. Afirmó que no utilizó el dinero del programa para sus viajes y mostró documentos que respaldan sus declaraciones.

El impacto del informe no se limita a la reputación de Bermúdez; perdió oportunidades de peleas internacionales y enfrenta dificultades económicas durante las festividades. Su abogada tomará medidas legales, enviando cartas documento a Lanata y a los medios involucrados para reparar el daño causado por las transacciones infundadas.

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UNER al límite: Sin presupuesto aprobado y convocatoria masiva a la protesta

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La decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso en agosto, generó una rápida reacción de las entidades universitarias.

Marina Zapata, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER, confirmó que este viernes se renovarán los reclamos locales a través de paros convocados por el frente sindical. Estas medidas de fuerza se iniciaron originalmente para exigir la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial de docentes y personal no docente.

“Lamentablemente, la ley 27.795 fue aprobada por el Congreso, pero el señor presidente la vetó”, recordó Zapata. Por este motivo, el frente sindical convocó un paro de 24 horas y además se instrumentará “una marcha universitaria el día en que Diputados vuelva a tratar la ley”, con el objetivo de que los legisladores “ratifiquen la ley de financiamiento y rechacen el veto”.

Movilización en Concordia

La vicedecana explicó que referentes de distintas instituciones de la ciudad planean reunirse el próximo lunes para coordinar cómo se replicarán las medidas a nivel local, en particular la marcha universitaria. Según Zapata, “seguramente en los primeros días de la semana que viene tendremos novedades al respecto”.

Zapata recordó que ya se realizaron dos marchas universitarias en Concordia y que esta sería la tercera. Además, destacó el acompañamiento de la sociedad local: “Agradecemos a la comunidad de Concordia, que comprendió la importancia de sostener la universidad pública y garantizar que todos puedan acceder a los estudios sin limitaciones”.

Llamado a la sociedad y a los legisladores

Para esta nueva protesta, Zapata subrayó la necesidad de que la sociedad comprenda la gravedad de la situación de las universidades públicas y que los representantes de Entre Ríos en el Congreso nacional apoyen la ratificación de la ley de financiamiento.

“De no aprobarse, iríamos por el tercer año consecutivo con presupuesto prorrogado, algo inédito en nuestro país. No tener una ley de presupuesto aprobado impide planificar, tener previsibilidad y gestionar adecuadamente los recursos que nos confía el Estado”, advirtió.

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Denuncian posibles fraudes en auditorías de pensiones por discapacidad en Paraná

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Responsables de distintos organismos de Entre Ríos presentaron este jueves una denuncia conjunta ante la Justicia federal de Paraná para que se investiguen presuntas irregularidades en las auditorías de las pensiones no contributivas realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La presentación fue dirigida al fiscal federal de turno, Martín Cabrera, por un amplio grupo de representantes y profesionales: Marcia López, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental y defensora del Pueblo de Paraná; Sandra Salina, integrante del Consejo Federal de Discapacidad; Cristina Ripari, directora de Integración y Discapacidad de la Municipalidad; Delfina Recalde, Sol Boeykens y Yasna Hamann, del Hospital Escuela de Salud Mental; Luisina Franco Mangioni, del equipo técnico del Órgano de Revisión; y Diego Vélez, director del Iprodi.

Supuestas irregularidades

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido entre el 1 y el 8 de agosto, cuando la Andis citó a beneficiarios de pensiones no contributivas a presentarse en un hotel céntrico de Paraná. La asistencia era condición para mantener la pensión y acceder al programa Incluir Salud.

Los denunciantes sostienen que las personas con discapacidad fueron atendidas por jóvenes que afirmaban pertenecer a una consultora contratada por la Andis, pero que no eran profesionales médicos. Estos se limitaban a registrar datos y diagnósticos, entregando constancias de asistencia con firmas escaneadas y sellos de médicos que no se encontraban presentes.

Entre las constancias figuraban sellos a nombre del cardiólogo Leandro Peñaloza y del médico Claudio Lapentina, ambos con números de matrícula ilegibles. Peñaloza, oriundo de Pergamino, había denunciado previamente la falsificación de su sello en auditorías realizadas en Misiones y aclaró que no mantiene vínculo alguno con la Andis, lo que refuerza la sospecha de que el mismo procedimiento se habría replicado en Entre Ríos.

Pedido de investigación

Ante esta situación, los denunciantes solicitaron a la Justicia federal que investigue los hechos y determine responsabilidades. Además, se pusieron a disposición para ampliar la información y colaborar en el avance de la causa.

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Entre Ríos en retroceso: caída histórica de empresas y empleo durante la gestión Milei

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Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela un panorama crítico para el mercado laboral y empresarial de Entre Ríos durante los primeros 19 meses de la presidencia de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y junio de 2025. Según el relevamiento, la provincia experimentó una pérdida generalizada de empleadores y puestos de trabajo registrados en casi todos los sectores de la economía.

Cierre de empresas: el comercio y la construcción entre los más afectados

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestran que la cantidad de empleadores con trabajadores registrados descendió de 17.405 a 16.833, lo que representa la desaparición de 572 empresas (-3,3%).

El sector más golpeado en términos absolutos fue Comercio al por mayor y menor, y reparación de vehículos automotores y motocicletas, que cerró 145 empresas. También se registraron caídas significativas en Transporte y almacenamiento (-77), Servicios de alojamiento y comida (-73), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-71) y Construcción (-60).

En términos relativos, los sectores que más retrocedieron fueron Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento (-15,4%), Construcción (-11,5%) y Servicios de alojamiento y comida (-10,3%).

Más de 11 mil empleos formales destruidos

El empleo registrado también evidenció un fuerte deterioro: Entre noviembre de 2023 y junio de 2025 se perdieron 11.334 puestos de trabajo (-4,0%), pasando de 281.045 a 269.711 trabajadores.

El golpe más severo afectó al sector de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, que perdió 45.468 empleos (-37,1%), marcando el ajuste más fuerte sobre el empleo estatal en décadas. Otras caídas significativas se observaron en Construcción (-3.073 empleos, -36,6%), Transporte y almacenamiento (-2.482, -25,7%) y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-1.441, -7,8%).

En contraste, algunos sectores mostraron mejoras: Enseñanza sumó 42.228 empleos (+158,1%), mientras que Comercio (+2,1%), Información y comunicaciones (+5,2%) y Energía (+3,2%) registraron incrementos modestos.

El impacto según el tamaño de las empresas

El informe de CEPA indica que el cierre de empresas se concentró principalmente en firmas de hasta 500 trabajadores, que representaron el 99,7% de los cierres. En cuanto a los puestos de trabajo, la caída se distribuyó casi por igual: el 50,2% de los empleos destruidos correspondió a empresas pequeñas y medianas, mientras que el 49,8% afectó a grandes compañías.

Conclusiones: contracción económica y efectos sobre las familias

CEPA advierte que el retroceso de Entre Ríos refleja un deterioro significativo de la estructura productiva y laboral provincial. La combinación de cierre de empresas y destrucción de empleos formales en sectores clave como la construcción, el transporte y la agricultura, sumada a la fuerte reducción del empleo público, configura un escenario de contracción que impacta directamente en la actividad económica local y en el bienestar de las familias trabajadoras.

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