Inicia el ciclo escolar: Lo esencial sobre discapacidad y el derecho a la educación
Con el inicio del nuevo año escolar, surgen una serie de interrogantes cruciales sobre la integración de niños y niñas con discapacidad en el entorno educativo. ¿Quién tiene la potestad de decidir la escuela a la que asisten? ¿Puede la institución educativa negarse a recibirlos? ¿Existen suficientes recursos y espacios adecuados para personas con discapacidad en las instituciones educativas? Estas son algunas de las preguntas que muchos padres y madres se hacen en este momento del año. Para brindar claridad sobre estos temas y otros relacionados con la educación inclusiva, RADIO NEWS MEDIA consultó a Omar Acosta, Operador Psicosocial y Promotor de derechos humanos y discapacidad.
Acosta, con su vasta experiencia en el campo de los derechos humanos y la discapacidad, destacó la importancia de comprender que las escuelas no pueden exigir un certificado de discapacidad como requisito para implementar adaptaciones curriculares. Subrayó que estas adaptaciones son cuestiones pedagógicas que pueden beneficiar a cualquier estudiante, independientemente de si tienen o no una discapacidad. Esta postura responde a la visión de la educación inclusiva, enmarcada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26378), que establece la obligación del Estado de garantizar que se atiendan las necesidades de cada estudiante, promoviendo así la igualdad de condiciones para todos.
Además, Acosta abordó la necesidad de cambiar la percepción de la discapacidad como un problema médico. Hizo hincapié en que el enfoque de derechos humanos y el modelo social, consagrados en la Convención, se centran en reconocer a cada individuo como sujeto de derecho y en identificar y eliminar las barreras sociales que generan exclusión.
En relación con el rol de los docentes y las obras sociales, Acosta señaló que las prestaciones educativas no están diseñadas para brindar un acompañamiento integral a los estudiantes con discapacidad durante su jornada escolar, sino más bien para realizar adaptaciones curriculares. Esta situación a menudo lleva a que las familias sean presionadas para proporcionar un acompañante adicional para sus hijos con discapacidad, no tanto por necesidades pedagógicas, sino por limitaciones de recursos y personal en las escuelas. Este escenario puede derivar en conflictos entre las familias, las instituciones educativas y las obras sociales, complicando aún más el acceso a una educación inclusiva y equitativa.
El Activista y Promotor de derechos también resaltó que la prohibición de acceso a la educación, la expulsión o cualquier forma de discriminación basada en la discapacidad son actos prohibidos por ley y pueden ser impugnados legalmente. Alentó a las familias a no desanimarse frente a las barreras, recordándoles que cuentan con un marco legal sólido para defender el derecho a la educación de sus hijos en igualdad de condiciones.
En cuanto a los avances realizados en materia de educación inclusiva, Acosta mencionó la resolución 311/2016, adoptada por el Consejo Federal de Educación en respuesta a la movilización de la sociedad civil en 2016. Esta resolución establece pautas para la promoción, acreditación, certificación y titulación de estudiantes con discapacidad, y constituye una herramienta legal importante para garantizar la inclusión y el desarrollo educativo de estos estudiantes en las escuelas comunes.
En resumen, Omar Acosta brindó una visión integral sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan las personas con discapacidad en el sistema educativo. Su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la inclusión social se refleja no solo en sus palabras, sino también en su activismo en las redes sociales, donde comparte información valiosa sobre inclusión, discapacidad y derechos. Puedes encontrarlo en su cuenta de Facebook, bajo el nombre de “Agrupación Discapacidad y Adultos Mayores Entre Ríos”.
