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Clínicas y Sanatorios de Concordia en Dificultades para Cumplir con el Bono de 60 mil pesos
El sector de clínicas y sanatorios de Concordia se encuentra en una situación económica delicada que dificulta su capacidad para cumplir en tiempo y forma con el bono no remunerativo de 60 mil pesos impuesto por el Gobierno Nacional. La Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia emitió un comunicado en el que detalla los desafíos que enfrenta el sector debido a esta medida.
Según el comunicado, la obligación de pagar este bono se impuso mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia el 30 de agosto de 2023, cuando ya se había pasado el plazo previsto para la primera cuota. Esto generó dificultades financieras, ya que no estaba contemplado en los costos por las prestaciones realizadas y alteró los acuerdos paritarios que ya habían establecido el pago de sumas fijas para los mismos meses.
Además, la norma cambió la forma en que se computan los aportes y contribuciones para las entidades de salud, lo que implica la pérdida de exenciones fiscales en un momento en el que las clínicas y sanatorios ya enfrentan desafíos económicos debido a la devaluación, la inflación. y el aumento de los costos de insumos médicos.
Si bien la Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia expresó su intención de cumplir con el pago del bono en la medida de sus posibilidades, también solicitó a las autoridades provinciales y municipales que comprendan la difícil situación financiera del sector y consideren la implementación de medidas fiscales. o impositivas que faciliten el mantenimiento de la salud privada con internación en la región.
El comunicado fue firmado por el Dr. Carlos M. Arizabalo, Presidente de la Cámara, y el Dr. Juan Carlos Montangie, Secretario. La situación planteada destaca la compleja realidad que enfrenta el sistema de salud privada en medio de un contexto económico desafiante.
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Cristina Kirchner presentó un recurso para evitar que el Gobierno le quite su jubilación de privilegio..
La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner interpuso un recurso de nulidad contra la decisión del Gobierno nacional de revocar su jubilación de privilegio. Según el escrito de 36 páginas presentado por su abogado, la medida impulsada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es calificada como “ilegal y autoritaria”. Fernández de Kirchner busca mantener los haberes que percibía mensualmente, que en noviembre ascendieron a $35.255.297.
El titular de la ANSES, Mariano de los Heros, explicó días atrás que el cálculo incluye un suplemento por zona austral, dado que la exmandataria presentó un certificado de domicilio en Río Gallegos, Santa Cruz. Este concepto representa un adicional de $6.354.523.
Argumentos del recurso
El documento presentado por la defensa de la exmandataria califica la decisión como “arbitraria” y asegura que no se respetó el derecho a la defensa:
“Se buscaron artilugios para revocar los derechos de la Dra. Cristina Kirchner sin cumplir el requisito de permitir la defensa del administrado”, sostiene el texto.
Además, el escrito cuestiona que la medida contradice normas legales, como la Ley 24.241, que regula el sistema de jubilaciones y pensiones:
“La resolución de ANSES es nula, ya que se atribuye competencias que no le otorga la ley”.
Acusaciones de persecución política
La presentación también enmarca la medida en un supuesto contexto de hostigamiento político hacia Fernández de Kirchner desde 2015. Según el recurso, este contexto habría motivado la revocación de su beneficio vitalicio.
El abogado concluye que la única causal válida para retirar el beneficio sería una destitución mediante juicio político, lo que no se aplica al caso de la ex vicepresidenta.
La resolución de este conflicto promete abrir un nuevo capítulo en las tensiones políticas entre el Gobierno y la oposición.
El exministro de Cultura y Comunicación y exdiputado provincial Pedro Báez deberá cumplir detención en la Unidad Penal mientras se resuelven las apelaciones a la condena que recibió en 2022 en el denominado “Megajuicio”. Este proceso lo encontró culpable de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, delitos por los que también fueron condenados el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera.
La decisión fue tomada este viernes por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón. En una audiencia llevada a cabo en el Palacio del Poder Judicial, el tribunal resolvió, con voto dividido, que Báez sea trasladado a prisión preventiva mientras se espera una definición sobre los recursos judiciales presentados.
La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos dispuso este lunes la inmediata captura de Sergio Urribarri, exgobernador de la provincia, condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La medida fue comunicada por la presidenta del tribunal, Marcela Davite, al jefe de la Policía de Entre Ríos, quien deberá trasladar al exmandatario a la Unidad Penal 1.
Urribarri fue declarado culpable de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública tras ser acusado de desviar fondos públicos para financiar campañas electorales y contratar servicios de imprenta y publicidad de manera irregular. La condena, dictada en 2022 y confirmada en 2023 por Casación, se basó en un voluminoso conjunto de pruebas que la justicia calificó como “legítimamente reunidas”.
El tribunal destacó la gravedad de los delitos y señaló que la investigación arrojó pruebas “de un volumen y contenido incriminador pocas veces visto en este tipo de casos”. Entre ellas, una evidencia clave fue hallada de manera fortuita: un disco extraíble, arrojado durante un allanamiento, que contenía información incriminatoria.
Junto con Urribarri, fueron condenados su cuñado y exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera, y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, quienes recibieron penas de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa también derivó en la remoción de Cecilia Goyeneche, fiscal anticorrupción de Entre Ríos, quien lideró las investigaciones contra Urribarri y enfrentó un jury por presunto mal desempeño.
Con esta detención, se cierra un capítulo relevante en la lucha contra la corrupción en la administración pública de Entre Ríos, subrayando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
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