La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner interpuso un recurso de nulidad contra la decisión del Gobierno nacional de revocar su jubilación de privilegio. Según el escrito de 36 páginas presentado por su abogado, la medida impulsada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es calificada como “ilegal y autoritaria”. Fernández de Kirchner busca mantener los haberes que percibía mensualmente, que en noviembre ascendieron a $35.255.297.

El titular de la ANSES, Mariano de los Heros, explicó días atrás que el cálculo incluye un suplemento por zona austral, dado que la exmandataria presentó un certificado de domicilio en Río Gallegos, Santa Cruz. Este concepto representa un adicional de $6.354.523.

Argumentos del recurso

El documento presentado por la defensa de la exmandataria califica la decisión como “arbitraria” y asegura que no se respetó el derecho a la defensa:

“Se buscaron artilugios para revocar los derechos de la Dra. Cristina Kirchner sin cumplir el requisito de permitir la defensa del administrado”, sostiene el texto.

Además, el escrito cuestiona que la medida contradice normas legales, como la Ley 24.241, que regula el sistema de jubilaciones y pensiones:

“La resolución de ANSES es nula, ya que se atribuye competencias que no le otorga la ley”.

Acusaciones de persecución política

La presentación también enmarca la medida en un supuesto contexto de hostigamiento político hacia Fernández de Kirchner desde 2015. Según el recurso, este contexto habría motivado la revocación de su beneficio vitalicio.

El abogado concluye que la única causal válida para retirar el beneficio sería una destitución mediante juicio político, lo que no se aplica al caso de la ex vicepresidenta.

La resolución de este conflicto promete abrir un nuevo capítulo en las tensiones políticas entre el Gobierno y la oposición.

El exministro de Cultura y Comunicación y exdiputado provincial Pedro Báez deberá cumplir detención en la Unidad Penal mientras se resuelven las apelaciones a la condena que recibió en 2022 en el denominado “Megajuicio”. Este proceso lo encontró culpable de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, delitos por los que también fueron condenados el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera.

La decisión fue tomada este viernes por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón. En una audiencia llevada a cabo en el Palacio del Poder Judicial, el tribunal resolvió, con voto dividido, que Báez sea trasladado a prisión preventiva mientras se espera una definición sobre los recursos judiciales presentados.

La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos dispuso este lunes la inmediata captura de Sergio Urribarri, exgobernador de la provincia, condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La medida fue comunicada por la presidenta del tribunal, Marcela Davite, al jefe de la Policía de Entre Ríos, quien deberá trasladar al exmandatario a la Unidad Penal 1.

Urribarri fue declarado culpable de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública tras ser acusado de desviar fondos públicos para financiar campañas electorales y contratar servicios de imprenta y publicidad de manera irregular. La condena, dictada en 2022 y confirmada en 2023 por Casación, se basó en un voluminoso conjunto de pruebas que la justicia calificó como “legítimamente reunidas”.

El tribunal destacó la gravedad de los delitos y señaló que la investigación arrojó pruebas “de un volumen y contenido incriminador pocas veces visto en este tipo de casos”. Entre ellas, una evidencia clave fue hallada de manera fortuita: un disco extraíble, arrojado durante un allanamiento, que contenía información incriminatoria.

Junto con Urribarri, fueron condenados su cuñado y exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera, y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, quienes recibieron penas de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La causa también derivó en la remoción de Cecilia Goyeneche, fiscal anticorrupción de Entre Ríos, quien lideró las investigaciones contra Urribarri y enfrentó un jury por presunto mal desempeño.

Con esta detención, se cierra un capítulo relevante en la lucha contra la corrupción en la administración pública de Entre Ríos, subrayando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental.