Este jueves, la Cámara Alta se reunirá nuevamente con una agenda cargada de temas cruciales que podrían generar un fuerte impacto político, especialmente en lo que respecta a los vetos presidenciales. Se espera que se discutan y posiblemente se rechacen los vetos a dos leyes clave: la Ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría y la Ley de Financiamiento Universitario. Ambos temas cuentan con el respaldo de sectores movilizados que ya han manifestado su apoyo, y se da por segura la insistencia en la aprobación de estas iniciativas, incluso superando los dos tercios necesarios para su validación.

La sesión comenzará a las 10 de la mañana y se anticipa que su apertura estará cargada de tensión política. Las citaciones incluirán a figuras clave del Gobierno, entre ellos, el jefe de Gabinete y la secretaria General de la Presidencia. En particular, se espera que Guillermo Francos, titular de la Secretaría de Gestión y Coordinación de la Presidencia, reciba duras críticas por la decisión de promulgar, pero mantener suspendida, la Ley de Emergencia en Discapacidad. En este contexto, el senador José Mayans ya adelantó que se presentará una moción de censura contra el funcionario.

Entre los otros puntos de la agenda, se destacarán varios temas pendientes. Uno de los más relevantes es el nombramiento de la doctora Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. Esta cuestión ya fue analizada en la Comisión de Acuerdos y será tratada en el plenario del Senado.

Otro tema que podría generar controversia es la modificación del Régimen de Retiro Anticipado, que permitiría a los empleados de planta temporarios del Senado con más de seis años de antigüedad acceder a la jubilación anticipada.

Sin embargo, los dos puntos que acaparan la mayor atención son los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario. En ambos casos, el respaldo de sectores movilizados parece ser clave para que el Senado avance en la insistencia, lo que podría suponer un nuevo golpe político para el Ejecutivo.

También se discutirá un proyecto de ley presentado por la senadora Mónica Silva, que propone declarar la Fiesta de los Canales de Riego como Fiesta Nacional, en reconocimiento a este evento anual en la ciudad de Luis Beltrán, Río Negro.

Por otro lado, el Senado abordará la creación de un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”, impulsado por el senador Juan Carlos Romero. Este proyecto busca mejorar la coordinación federal en casos de extravío de personas.

Finalmente, se tratarán dos convenios internacionales: uno con la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, y otro con Austria, para eliminar la doble imposición sobre los impuestos a la renta y el patrimonio, además de prevenir la evasión y elusión fiscal.

La sesión promete ser una jornada crucial en la que se definirán cuestiones clave para el futuro inmediato del país.

A una semana de la desaparición de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), tres jóvenes de La Matanza encontradas descuartizadas en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela, la investigación comienza a develar una historia macabra relacionada con el narcotráfico y la prostitución. Las autoridades sospechan que las jóvenes fueron víctimas de una “trampa mortal” tendida por un líder narco, aún desconocido, y sus secuaces.

El engaño y la emboscada
El fin de semana anterior a su desaparición, Lara, Brenda y Morena habían planeado asistir a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Al no contar con un medio de transporte, solicitaron un auto por aplicación, pero el pedido fue cancelado. En su lugar, les prometieron que las pasarían a buscar.

En una esquina de La Tablada, las tres abordaron una Chevrolet Tracker blanca que, en lugar de dirigirlas hacia la fiesta, las llevó directamente hacia una trampa mortal en una casa de la zona sur del Conurbano bonaerense. La secuencia fue captada por cámaras de seguridad y, tras que los teléfonos de las jóvenes fueron apagados, nada más se supo de ellas.

Las familias denunciaron la desaparición ante la Policía local, pero las víctimas ya habían sido asesinadas. A partir de las investigaciones, la policía localizó la señal de uno de los celulares en una zona de Florencio Varela. El análisis de las grabaciones de seguridad permitió identificar la camioneta involucrada en el crimen.

El hallazgo y las primeras detenciones
Una vez reconstruido el trayecto del vehículo, la policía realizó un allanamiento en una vivienda donde encontraron a dos jóvenes, Magalí Celeste González Guerrero (28) y Andrés Maximiliano Parra (18), mientras limpiaban las paredes con lavandina. Ambos fueron detenidos.

Horas más tarde, los peritos hallaron los restos descuartizados de las víctimas enterrados en el patio. La investigación avanzó rápidamente y condujo a la detención de Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), este último, de nacionalidad peruana y señalado como un presunto narcotraficante vinculado a la Villa 1-11-14.

El móvil narco y las torturas
El nuevo fiscal a cargo de la causa, Andrés Arribas, imputó a Villanueva Silva y Parra por homicidio calificado por ser cometido con premeditación y ensañamiento, y por violencia de género. González Guerrero y Parra fueron acusados de encubrimiento agravado.

Las primeras hipótesis apuntan a que el crimen fue una represalia por el robo de drogas a un miembro del clan narco al que las jóvenes habrían estado vinculadas. Los resultados de las autopsias confirmaron que las víctimas fueron torturadas antes de morir, lo que indicaría que el asesinato fue una forma de “disciplinamiento” por parte de la organización narco.

El informe forense detalló las brutales torturas a las que fueron sometidas las víctimas. A Lara Gutiérrez le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda, además de quemaduras y un corte en el cuello que le causó la muerte. Brenda del Castillo sufrió fractura de cráneo y aplastamiento facial, mientras que Morena Verdi presentó luxación cervical y golpes en el rostro.

El crimen transmitido en vivo
Lo más impactante del caso es que las torturas y asesinatos fueron transmitidos en vivo a través de una cuenta de redes sociales con pocos seguidores, aparentemente miembros del clan narco. “Esto pasa si me robas droga”, habría dicho uno de los narcotraficantes durante la transmisión, según declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

La investigación está centrada en “Pequeño J”, un joven narco señalado como el autor intelectual del crimen, quien podría haber contratado sicarios para ejecutar la venganza. La policía sigue rastreando posibles conexiones entre el narcotráfico en el sur del Conurbano y las víctimas, quienes habrían tenido vínculos con el Bajo Flores, una zona de la Ciudad de Buenos Aires donde ofrecen servicios de prostitución.

Continuará la investigación
A pesar de los avances, las autoridades aún no han logrado dar con la ubicación del presunto líder narco, “Pequeño J”. Aunque los allanamientos en la Villa Zavaleta no arrojaron resultados, la investigación sigue abierta. Los clanes narcos peruanos continúan siendo una de las principales hipótesis detrás de este macabro crimen.

Durante una reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, médicos y familiares de pacientes del Hospital Garrahan pidieron a los legisladores que aprueben este miércoles la insistencia con la Ley de Emergencia Pediátrica, norma vetada recientemente por el presidente Javier Milei.

El presidente de la comisión, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), recordó que la iniciativa surgió tras una visita de diputados al hospital con el objetivo de brindar un apoyo político al Ejecutivo para que resolviera la situación, lo que, según Yedlin, no ocurrió. Aseguró que la ley “no tiene un costo fiscal tan significativo, no llega al 0,02% del PBI”, y criticó al Gobierno por usar el veto como una medida habitual.

“Esta ley no es solo un tema salarial. Busca garantizar que los trabajadores cobren lo que percibían en 2023 ajustado por inflación y, sobre todo, asegurar la sostenibilidad del hospital. Los gobiernos pasan, pero la pediatría argentina no debe perder esa ‘frutilla’ que decora, que es el Garrahan”, subrayó Yedlin.

Desde el lado de las familias, Karina Nieto, madre de una paciente, expresó con dolor: “Esta no es una medida política más, es lastimar lo profundo de mi ser y de cada familia que lucha por la vida de sus hijos y de toda la sociedad”. En la misma línea, Daiana Helsing, madre de un niño trasplantado, afirmó: “El Garrahan no es solo un hospital, es esperanza. Nuestros hijos tienen allí la oportunidad de vivir, crecer y soñar. No podemos permitir que se vete una ley que representa la emergencia pediátrica. La salud de los niños debería estar por encima de cualquier discusión política”.

Por su parte, Raquel Staciuk, jefa del Servicio de Trasplante de Médula Ósea del hospital, destacó que el Garrahan tiene “un modelo hospitalario exitoso y sobresaliente” y explicó que el área de alta complejidad en la que trabaja requiere “muchos años de formación, trabajo en equipo y un compromiso absoluto con los pacientes”.