Buenos Aires, 15 de septiembre – Este viernes, la Dirección Nacional Electoral (DINE) oficializó los montos destinados al financiamiento de las campañas de los partidos políticos que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo. A través de las disposiciones 6 y 7 publicadas en el Boletín Oficial, se detallan los aportes para los comicios que renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.

El Gobierno Nacional había fijado a principios de septiembre el presupuesto total para los fondos electorales, que asciende a $13.223 millones. De esta cifra, $8.815 millones se destinarán a la categoría de diputados nacionales y $4.407 millones a los senadores.

Distribución de los fondos

Los fondos se asignan en base a diversos criterios de representación y varían considerablemente según la provincia y la fuerza política. En la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, los principales destinatarios serán:

• Fuerza Patria: $1.015 millones

• La Libertad Avanza: $389 millones

• Nuevos Aires: $378 millones

• Frente de Izquierda Unidad: $205 millones

• Provincias Unidas: $116 millones

En Ciudad de Buenos Aires, los fondos se distribuyen de la siguiente manera:

• Fuerza Patria: $112 millones

• La Libertad Avanza: $81 millones

• Ciudadanos Unidos: $80 millones

Por su parte, en Córdoba, Provincias Unidas contará con $339 millones; en Mendoza, el Frente Libertario Demócrata recibirá $120 millones; y en Santa Fe, Fuerza Patria accederá a $191 millones.

Fondos para la categoría de senadores

En la categoría de senadores, las cifras también son significativas. En CABA, Fuerza Patria recibirá $292 millones y La Libertad Avanza $274 millones. En Entre Ríos, Fuerza Entre Ríos contará con $342 millones; en Salta, Fuerza Patria tendrá $250 millones; y en Santiago del Estero, el Frente Cívico por Santiago recibirá $223 millones.

Objetivos de la asignación

Los fondos distribuidos buscan garantizar que todas las fuerzas políticas cuenten con un piso mínimo de financiamiento, permitiendo que las campañas se desarrollen en condiciones de igualdad de competitividad. A esta asignación se sumarán los aportes privados que cada agrupación logre recaudar durante el proceso electoral.

Cabe destacar que, en esta ocasión, las elecciones se llevarán a cabo bajo el sistema de Boleta Única Papel (BUP), lo que representa un cambio significativo en el proceso electoral nacional.

La decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso en agosto, generó una rápida reacción de las entidades universitarias.

Marina Zapata, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER, confirmó que este viernes se renovarán los reclamos locales a través de paros convocados por el frente sindical. Estas medidas de fuerza se iniciaron originalmente para exigir la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial de docentes y personal no docente.

“Lamentablemente, la ley 27.795 fue aprobada por el Congreso, pero el señor presidente la vetó”, recordó Zapata. Por este motivo, el frente sindical convocó un paro de 24 horas y además se instrumentará “una marcha universitaria el día en que Diputados vuelva a tratar la ley”, con el objetivo de que los legisladores “ratifiquen la ley de financiamiento y rechacen el veto”.

Movilización en Concordia

La vicedecana explicó que referentes de distintas instituciones de la ciudad planean reunirse el próximo lunes para coordinar cómo se replicarán las medidas a nivel local, en particular la marcha universitaria. Según Zapata, “seguramente en los primeros días de la semana que viene tendremos novedades al respecto”.

Zapata recordó que ya se realizaron dos marchas universitarias en Concordia y que esta sería la tercera. Además, destacó el acompañamiento de la sociedad local: “Agradecemos a la comunidad de Concordia, que comprendió la importancia de sostener la universidad pública y garantizar que todos puedan acceder a los estudios sin limitaciones”.

Llamado a la sociedad y a los legisladores

Para esta nueva protesta, Zapata subrayó la necesidad de que la sociedad comprenda la gravedad de la situación de las universidades públicas y que los representantes de Entre Ríos en el Congreso nacional apoyen la ratificación de la ley de financiamiento.

“De no aprobarse, iríamos por el tercer año consecutivo con presupuesto prorrogado, algo inédito en nuestro país. No tener una ley de presupuesto aprobado impide planificar, tener previsibilidad y gestionar adecuadamente los recursos que nos confía el Estado”, advirtió.

Responsables de distintos organismos de Entre Ríos presentaron este jueves una denuncia conjunta ante la Justicia federal de Paraná para que se investiguen presuntas irregularidades en las auditorías de las pensiones no contributivas realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La presentación fue dirigida al fiscal federal de turno, Martín Cabrera, por un amplio grupo de representantes y profesionales: Marcia López, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental y defensora del Pueblo de Paraná; Sandra Salina, integrante del Consejo Federal de Discapacidad; Cristina Ripari, directora de Integración y Discapacidad de la Municipalidad; Delfina Recalde, Sol Boeykens y Yasna Hamann, del Hospital Escuela de Salud Mental; Luisina Franco Mangioni, del equipo técnico del Órgano de Revisión; y Diego Vélez, director del Iprodi.

Supuestas irregularidades

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido entre el 1 y el 8 de agosto, cuando la Andis citó a beneficiarios de pensiones no contributivas a presentarse en un hotel céntrico de Paraná. La asistencia era condición para mantener la pensión y acceder al programa Incluir Salud.

Los denunciantes sostienen que las personas con discapacidad fueron atendidas por jóvenes que afirmaban pertenecer a una consultora contratada por la Andis, pero que no eran profesionales médicos. Estos se limitaban a registrar datos y diagnósticos, entregando constancias de asistencia con firmas escaneadas y sellos de médicos que no se encontraban presentes.

Entre las constancias figuraban sellos a nombre del cardiólogo Leandro Peñaloza y del médico Claudio Lapentina, ambos con números de matrícula ilegibles. Peñaloza, oriundo de Pergamino, había denunciado previamente la falsificación de su sello en auditorías realizadas en Misiones y aclaró que no mantiene vínculo alguno con la Andis, lo que refuerza la sospecha de que el mismo procedimiento se habría replicado en Entre Ríos.

Pedido de investigación

Ante esta situación, los denunciantes solicitaron a la Justicia federal que investigue los hechos y determine responsabilidades. Además, se pusieron a disposición para ampliar la información y colaborar en el avance de la causa.