En las semanas previas a las elecciones, el Gobierno enfrenta una oposición envalentonada en el Congreso que busca poner freno al uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y que avanza con un eventual pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras el decreto que suspendió la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad.
Desde la Casa Rosada relativizan el impacto político de una posible interpelación. Incluso creen que puede servir para exponer a la oposición con un tono “destituyente” y reforzar la narrativa de campaña libertaria. “Lo que están haciendo con Francos es excesivo y electoral. Que lo hagan… que suban el clima de golpismo antes de los comicios”, ironizó un funcionario cercano a Milei.
La suspensión de la ley de discapacidad
El lunes, a través del decreto 681/2025, el Ejecutivo promulgó la ley de emergencia en discapacidad pero suspendió su aplicación por falta de financiamiento, en base al artículo 5° de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias de Ejecución Presupuestaria. En Balcarce 50 defendieron la medida: “La ley nació suspendida porque no prevé recursos. Aplicarla hubiese sido incumplir el marco jurídico”, argumentaron.
La oposición, sin embargo, denunció una “violación a la división de poderes” y presentó un proyecto para interpelar a Francos. La iniciativa, respaldada por Oscar Agost Carreño, Miguel Pichetto y Emilio Monzó, podría ser el paso previo a una moción de censura, mecanismo previsto en la Constitución desde 1994 pero nunca utilizado.
Francos aseguró que concurrirá al Congreso: “No le tengo temor a la discusión. La variable de ajuste no soy yo, es el equilibrio fiscal”.
El verdadero frente: la ley de DNU
Más allá del caso Francos, en el Gobierno preocupa el avance del proyecto que modifica la ley 26.122, vigente desde 2006, que establece la “sanción ficta” para los DNU: si el Congreso no se pronuncia, el decreto queda automáticamente validado.
La reforma ya cuenta con media sanción del Senado y comenzó a debatirse en Diputados. Plantea que, si en 90 días ambas Cámaras no ratifican un DNU, este quedará derogado automáticamente. De aprobarse, Milei perdería una de sus principales herramientas de gestión en un contexto donde el oficialismo es minoría en ambas Cámaras.
En el oficialismo reconocen que la sanción de esta ley sería un golpe político e institucional. “Tenemos que lograr un acuerdo con los gobernadores para frenar este proyecto. Cualquiera que gobierne la Argentina necesita el DNU como instrumento”, admitió un ministro.
Desde Balcarce 50, no obstante, deslizan que, en caso de aprobarse, Milei podría vetar la norma.
