Durante la noche del jueves, cerca de las 22:00 horas, personal de la Comisaría Séptima intervino de urgencia ante un alarmante caso de violencia familiar registrado en la intersección de calles Larocca y J. J. Valle.

Una joven de 23 años denunció que su hermano, de 26, se encontraba dentro del domicilio, impidiéndole el ingreso y amenazándola de forma constante con un cuchillo. Ante el inminente riesgo, los efectivos policiales ingresaron a la vivienda, logrando reducir al agresor, quien intentó deshacerse del arma blanca utilizada para intimidarla.

Por orden de la fiscal de turno, Dra. Julia Rivoira, se inició una causa de oficio. Se dispuso la aprehensión del sujeto, el secuestro del cuchillo y se recibió formalmente la denuncia de la víctima. Las actuaciones continúan en el ámbito judicial.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de cuatro personas –tres hombres y una mujer– acusadas de integrar una organización criminal dedicada al comercio de estupefacientes, principalmente cocaína, en la ciudad de Chajarí y zonas cercanas.

Las juezas Cintia Gómez y Beatriz Aranguren resolvieron rechazar los recursos de apelación presentados por las defensas y ratificaron la resolución dictada el pasado 16 de mayo por la magistrada de primera instancia. En consecuencia, se mantiene el procesamiento con prisión preventiva para los imputados, además del embargo de bienes por $5.000.000 a cada uno.

Una investigación iniciada en diciembre
La causa se inició el 3 de diciembre de 2024, a partir de una nota remitida por la División Toxicología de la Delegación Chajarí de la Policía de Entre Ríos a la Fiscalía Federal de Concordia. La comunicación informaba sobre maniobras sospechosas de tráfico de drogas por parte de una presunta banda organizada.

Según el expediente, la estructura criminal estaría conformada por un líder, un coordinador logístico, un proveedor y una persona encargada de la distribución y reventa de la droga.

Allanan domicilios y detienen a los acusados
El 23 de abril de 2025, se ejecutaron siete allanamientos simultáneos en domicilios vinculados a los investigados. Como resultado, se incautaron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas, vehículos, elementos de corte y documentación, entre otros objetos.

Los cuatro sospechosos fueron detenidos ese mismo día y declararon el 28 de abril ante la jueza federal, quien ordenó su procesamiento y prisión preventiva, decisión que ahora queda ratificada por la Cámara Federal.

Fundamentos del fallo
La Cámara sostuvo que mantener a los imputados detenidos resulta “idóneo, necesario y proporcionado” para garantizar su presencia en el proceso y evitar posibles obstaculizaciones de la investigación, aún en curso.

Las vocales destacaron “la complejidad del caso, la logística empleada por la organización y la existencia de pruebas pendientes”, como razones que refuerzan el riesgo de entorpecimiento en caso de que los acusados recuperen la libertad.

Además, señalaron que parte de la investigación se desarrolló mediante intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia y registros fílmicos, lo que evidencia el grado de planificación del grupo y justifica la continuidad de la detención preventiva.

La seccional local del gremio docente AGMER denunció este miércoles la notificación de despidos a docentes de la modalidad Educación Primaria para Jóvenes y Adultos, en el marco de lo que califican como un ajuste impulsado por el gobierno provincial.

Según indicaron desde el sindicato, trabajadores de la modalidad fueron citados por autoridades de la Departamental de Escuelas de Concordia para ser informados de que en un plazo de cinco días quedarían sin trabajo. “Una irresponsabilidad inusitada”, calificaron desde AGMER, señalando además que la medida deja a los docentes sin margen de tiempo para reorganizar su situación laboral y personal.

Ajuste y falta de explicaciones
El gremio manifestó su rechazo a lo que considera una política de “refuncionalización de cursos” que no respeta las trayectorias de los estudiantes, y que puede derivar en mayor deserción escolar. En este sentido, denunciaron que el cierre de cargos atenta contra el derecho a la educación de jóvenes y adultos que aún no finalizaron sus estudios primarios.

AGMER también apuntó contra el Director Departamental de Escuelas, Prof. Julio Barrios, por su ausencia al momento de comunicar los despidos: “Ni siquiera estuvo presente para dar explicaciones sobre esta situación generada por las políticas de ajuste del gobierno que representa”, cuestionaron.

Exigen restitución y estabilidad laboral
A través del comunicado, la seccional gremial exigió:

La restitución inmediata de los cargos docentes eliminados

Estabilidad laboral para las y los docentes afectados

Que no se cierren más cursos ni cargos en la modalidad de Jóvenes y Adultos

“En este contexto de crisis, cerrar cargos y dejar docentes sin trabajo es un golpe más al sistema educativo público y a quienes más lo necesitan”, concluyó el gremio.