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AGMER solicito que se active la comisión de seguimiento salarial

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2 años ATRÁS

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Si bien el gremio destacó que el acuerdo salarial con el Gobierno provincial fue “uno de los tres mejores acuerdos salariales docentes del país (40% de aumento)”, el “descontrol” de los precios hace necesario que se vuelvan a discutir salarios”. Apuntó contra las “20 empresas alimenticias operan con total impunidad aumentando escandalosamente sus ganancias”.

Desde la Comisión Directiva Central recordaron que “a comienzos de 2023 iniciamos la discusión salarial en Entre Ríos. La propuesta que nos fuera presentada giraba en torno al 20 % de recomposición. A partir de allí se desarrolló un proceso de negociaciones altamente tenso, como suele suceder en todo espacio de discusión entre trabajadores y quienes administran el Estado cuando los sindicatos pujan por elevar hacia arriba la distribución del ingreso. Sin embargo, la voluntad de las partes en pugna de privilegiar el diálogo y de no abandonar ni vaciar el ámbito paritario allanó el camino para alcanzar una recomposición a mayo y para el primer semestre del 40 %, convirtiéndose un uno de los tres mejores acuerdos salariales docentes del país”,

El Acuerdo contiene, además, una serie de elementos incorporados como garantía y resguardo frente a probables escenarios de alta inflación. Uno de ellos es convocar a una comisión técnica en el ámbito paritario para la segunda quincena de mayo de 2023 con el objeto de analizar la evolución del salario y la inflación. Y la convocatoria a paritaria en caso de que la inflación acumulada supere la propuesta vigente durante el segundo semestre en forma de continuar ubicando el salario docente por encima de la misma, etc.

“A poco de transitar con este acuerdo los datos sobre una inflación que lejos está de ceder nos pusieron en alerta y preocupación una vez más. Es evidente que acá hay otro problema y mucho más de fondo porque el descontrol de los precios que no paran de subir tiene detrás la mano del Mercado, que está decidido a reducir al mínimo posible la presencia del Estado y sus instituciones”, cuestionaron.

“Veinte empresas alimenticias operan con total impunidad aumentando escandalosamente sus ganancias, amparados por medios de comunicación hegemónicos, un Poder Judicial que les cuida sus procederes impúdicos y una derecha conservadora y reaccionaria que ya ni pudor tienen en decir públicamente que si vuelven a ser gobierno ajustarán en educación, eliminarán las Convenciones Colectivas Paritarias, aumentarán la edad jubilatoria, reformarán el sistema previsional, reprimirán las protestas y avanzarán con la flexibilización laboral”, advirtieron desde Agmer.

“Ya lo hemos dicho, cada aumento logrado sea mucho o poco lo arrancamos a partir de semanas, meses, años de disputa. Al día siguiente un puñado de especuladores miserables, complotados con sus amigos mediáticos que no paran de mentir y sus otros amigos jueces que están más cerca de tener un prontuario en vez de honor nos siguen aumentando, descaradamente una y otra vez. Todo es excusa para seguir jugando con las necesidades y urgencias de las mayorías populares. La lluvia, la sequía, las inundaciones, el frío y el calor, la guerra y la paz, la rotación y la traslación, las gallinas estresadas. Todo les sirve para justificar el alza de los alimentos. Mientras las cerealeras no liquidan hasta no tener su propio sabor de dólar, exigen la ayuda del Estado y a la vez se esconden de las obligaciones tributarias”, arremetieron.

“Este es el verdadero drama del salario de los trabajadores y las trabajadoras: la especulación y la avaricia grotesca de una clase dominante que está mucho más cerca del Código Penal y extremadamente lejos de la democracia, objeto que aborrecen”.

En este marco, “desde la Comisión Directiva Central de Agmer continuaremos empeñados en la pelea por salarios dignos, por encima de la inflación que garanticen el bienestar del colectivo docente y sus familias. Dando la disputa donde haya que darla, discutiendo en cada espacio que logramos conseguir comisiones técnicas, paritarias, reclamando actualización urgente de los puntos perdidos por inflación más un monto que nos ubique por encima de la misma, demandándole al Estado que actúe con firmeza poniéndole límites concretos a la desestabilización del mercado. Lo haremos hasta que sea el mismo pueblo y el imperio de la ley y la justicia el que le ponga un freno a una derecha violenta y prepotente que esconde en sus filas a empresarios especuladores y forajidos”.

Radio News Media – Los Charrúas https://radionewsmedia.com/

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UNER al límite: Sin presupuesto aprobado y convocatoria masiva a la protesta

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1 día ATRÁS

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12 septiembre, 2025

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La decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso en agosto, generó una rápida reacción de las entidades universitarias.

Marina Zapata, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER, confirmó que este viernes se renovarán los reclamos locales a través de paros convocados por el frente sindical. Estas medidas de fuerza se iniciaron originalmente para exigir la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial de docentes y personal no docente.

“Lamentablemente, la ley 27.795 fue aprobada por el Congreso, pero el señor presidente la vetó”, recordó Zapata. Por este motivo, el frente sindical convocó un paro de 24 horas y además se instrumentará “una marcha universitaria el día en que Diputados vuelva a tratar la ley”, con el objetivo de que los legisladores “ratifiquen la ley de financiamiento y rechacen el veto”.

Movilización en Concordia

La vicedecana explicó que referentes de distintas instituciones de la ciudad planean reunirse el próximo lunes para coordinar cómo se replicarán las medidas a nivel local, en particular la marcha universitaria. Según Zapata, “seguramente en los primeros días de la semana que viene tendremos novedades al respecto”.

Zapata recordó que ya se realizaron dos marchas universitarias en Concordia y que esta sería la tercera. Además, destacó el acompañamiento de la sociedad local: “Agradecemos a la comunidad de Concordia, que comprendió la importancia de sostener la universidad pública y garantizar que todos puedan acceder a los estudios sin limitaciones”.

Llamado a la sociedad y a los legisladores

Para esta nueva protesta, Zapata subrayó la necesidad de que la sociedad comprenda la gravedad de la situación de las universidades públicas y que los representantes de Entre Ríos en el Congreso nacional apoyen la ratificación de la ley de financiamiento.

“De no aprobarse, iríamos por el tercer año consecutivo con presupuesto prorrogado, algo inédito en nuestro país. No tener una ley de presupuesto aprobado impide planificar, tener previsibilidad y gestionar adecuadamente los recursos que nos confía el Estado”, advirtió.

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Denuncian posibles fraudes en auditorías de pensiones por discapacidad en Paraná

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1 día ATRÁS

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12 septiembre, 2025

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Responsables de distintos organismos de Entre Ríos presentaron este jueves una denuncia conjunta ante la Justicia federal de Paraná para que se investiguen presuntas irregularidades en las auditorías de las pensiones no contributivas realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La presentación fue dirigida al fiscal federal de turno, Martín Cabrera, por un amplio grupo de representantes y profesionales: Marcia López, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental y defensora del Pueblo de Paraná; Sandra Salina, integrante del Consejo Federal de Discapacidad; Cristina Ripari, directora de Integración y Discapacidad de la Municipalidad; Delfina Recalde, Sol Boeykens y Yasna Hamann, del Hospital Escuela de Salud Mental; Luisina Franco Mangioni, del equipo técnico del Órgano de Revisión; y Diego Vélez, director del Iprodi.

Supuestas irregularidades

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido entre el 1 y el 8 de agosto, cuando la Andis citó a beneficiarios de pensiones no contributivas a presentarse en un hotel céntrico de Paraná. La asistencia era condición para mantener la pensión y acceder al programa Incluir Salud.

Los denunciantes sostienen que las personas con discapacidad fueron atendidas por jóvenes que afirmaban pertenecer a una consultora contratada por la Andis, pero que no eran profesionales médicos. Estos se limitaban a registrar datos y diagnósticos, entregando constancias de asistencia con firmas escaneadas y sellos de médicos que no se encontraban presentes.

Entre las constancias figuraban sellos a nombre del cardiólogo Leandro Peñaloza y del médico Claudio Lapentina, ambos con números de matrícula ilegibles. Peñaloza, oriundo de Pergamino, había denunciado previamente la falsificación de su sello en auditorías realizadas en Misiones y aclaró que no mantiene vínculo alguno con la Andis, lo que refuerza la sospecha de que el mismo procedimiento se habría replicado en Entre Ríos.

Pedido de investigación

Ante esta situación, los denunciantes solicitaron a la Justicia federal que investigue los hechos y determine responsabilidades. Además, se pusieron a disposición para ampliar la información y colaborar en el avance de la causa.

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Entre Ríos en retroceso: caída histórica de empresas y empleo durante la gestión Milei

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1 día ATRÁS

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12 septiembre, 2025

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Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela un panorama crítico para el mercado laboral y empresarial de Entre Ríos durante los primeros 19 meses de la presidencia de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y junio de 2025. Según el relevamiento, la provincia experimentó una pérdida generalizada de empleadores y puestos de trabajo registrados en casi todos los sectores de la economía.

Cierre de empresas: el comercio y la construcción entre los más afectados

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestran que la cantidad de empleadores con trabajadores registrados descendió de 17.405 a 16.833, lo que representa la desaparición de 572 empresas (-3,3%).

El sector más golpeado en términos absolutos fue Comercio al por mayor y menor, y reparación de vehículos automotores y motocicletas, que cerró 145 empresas. También se registraron caídas significativas en Transporte y almacenamiento (-77), Servicios de alojamiento y comida (-73), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-71) y Construcción (-60).

En términos relativos, los sectores que más retrocedieron fueron Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento (-15,4%), Construcción (-11,5%) y Servicios de alojamiento y comida (-10,3%).

Más de 11 mil empleos formales destruidos

El empleo registrado también evidenció un fuerte deterioro: Entre noviembre de 2023 y junio de 2025 se perdieron 11.334 puestos de trabajo (-4,0%), pasando de 281.045 a 269.711 trabajadores.

El golpe más severo afectó al sector de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, que perdió 45.468 empleos (-37,1%), marcando el ajuste más fuerte sobre el empleo estatal en décadas. Otras caídas significativas se observaron en Construcción (-3.073 empleos, -36,6%), Transporte y almacenamiento (-2.482, -25,7%) y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-1.441, -7,8%).

En contraste, algunos sectores mostraron mejoras: Enseñanza sumó 42.228 empleos (+158,1%), mientras que Comercio (+2,1%), Información y comunicaciones (+5,2%) y Energía (+3,2%) registraron incrementos modestos.

El impacto según el tamaño de las empresas

El informe de CEPA indica que el cierre de empresas se concentró principalmente en firmas de hasta 500 trabajadores, que representaron el 99,7% de los cierres. En cuanto a los puestos de trabajo, la caída se distribuyó casi por igual: el 50,2% de los empleos destruidos correspondió a empresas pequeñas y medianas, mientras que el 49,8% afectó a grandes compañías.

Conclusiones: contracción económica y efectos sobre las familias

CEPA advierte que el retroceso de Entre Ríos refleja un deterioro significativo de la estructura productiva y laboral provincial. La combinación de cierre de empresas y destrucción de empleos formales en sectores clave como la construcción, el transporte y la agricultura, sumada a la fuerte reducción del empleo público, configura un escenario de contracción que impacta directamente en la actividad económica local y en el bienestar de las familias trabajadoras.

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