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Aumento del 204% en Precios de Garrafas Oficializado por la Secretaría de Energía.

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La Secretaría de Energía ha formalizado un incremento del 204% en los precios máximos de referencia de las garrafas de 10 y 15 kilos incluidas en el Programa Hogar. Esta medida, que entra en vigor de manera inmediata, fue anunciada a través de la Resolución 11/2024 publicada en el Boletín Oficial este jueves.

La actualización de precios tiene como objetivo paliar la situación económica del sector y asegurar el abastecimiento del mercado interno mientras se adoptan medidas para desregularizar el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), según lo indicado en el texto oficial.

Se establece que los cupos y aportes del Programa Hogar serán asignados trimestralmente por la autoridad de aplicación, en lugar de anualmente como se había hecho hasta ahora desde 2015. Esto busca adaptarse a las necesidades cambiantes y garantizar una gestión más efectiva del programa.

En cuanto a los precios, el subsidio por garrafa del Programa Hogar se mantiene en un promedio de $1778, con variaciones según la región del país. Con el ajuste, los precios máximos de referencia para la venta al público de garrafas de 10 kilos han aumentado a $4.752, lo que representa un incremento del 204,48%, mientras que para las de 15 kilos el precio máximo es ahora de $7.126, un alza del 204,40%.

Tanto para fraccionadores como para distribuidores, los precios también han experimentado aumentos del 204,48% y 204,41% respectivamente. Por ejemplo, el precio de la garrafa de 10 kilos para los fraccionadores es ahora de $2.579 y para los distribuidores de $4.524.

Es importante destacar que cada distribuidora, fraccionadora y comercio del país debe respetar los precios máximos establecidos para garantizar una aplicación uniforme en todo el territorio nacional.

El Programa Hogar está destinado a los hogares sin acceso a la red de gas natural cuyos ingresos sean inferiores a ciertos umbrales, que varían según la situación familiar y geográfica. Los detalles pueden consultarse en el sitio web oficial del programa o a través de las autoridades locales correspondientes.

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Mercado Pago ajustará comisiones según la carga impositiva de cada provincia

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Radio News Media Los Charrúas

A partir del 8 de julio, Mercado Pago y Mercado Libre modificarán las comisiones que cobran a sus usuarios, diferenciando los costos según la carga impositiva local, especialmente el impuesto a los Ingresos Brutos, que varía entre provincias y es considerado altamente distorsivo.

 “Hasta ahora los cargos eran iguales en todo el país, pero las diferencias en alícuotas perjudican a quienes trabajan en provincias con menor presión fiscal”, señalaron desde la empresa.

Bajarán las comisiones en Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero, donde los Ingresos Brutos son más bajos.

Subirán los costos en Córdoba (6,75%), Santa Fe (9%) y Jujuy (7%), donde las alícuotas son las más altas del país.

 En el resto de las provincias, incluyendo Entre Ríos, los cargos se mantendrán sin cambios por el momento.

 El domicilio fiscal del usuario definirá la comisión:

  • Para personas jurídicas o monotributistas: se tomará el declarado ante AFIP/ARCA.

  • Para consumidores finales: se tomará el domicilio declarado en la cuenta de Mercado Pago.

 Desde Mercado Libre calificaron el tributo como “distorsivo, injusto y contrario a la digitalización de la economía”, remarcando que se trata de un impuesto que no grava la ganancia, sino la facturación bruta, lo que encarece cada etapa del proceso comercial.

La empresa y la Cámara Argentina Fintech insistieron en la necesidad de reformar el sistema impositivo para no desalentar el uso de medios electrónicos y proteger la competitividad del sector.

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Entre Ríos eliminó el 50% de las tasas provinciales para simplificar trámites

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El Gobierno provincial anunció la eliminación de 103 tasas administrativas, lo que representa la mitad del total vigente en la administración pública. La medida busca reducir la burocracia, aliviar los costos y facilitar las gestiones de ciudadanos, empresas, profesionales y entidades civiles.

“Había tasas que directamente generaban más gasto al Estado que lo que se recaudaba. Todo un sistema de espaldas a la gente. Por eso decidimos eliminarlas”, expresó el gobernador Rogelio Frigerio al presentar la iniciativa.

La Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER) detalló que la eliminación impacta positivamente en múltiples áreas:

🔹 Trámites personales y civiles: se eliminan cargos por certificados de libre deuda, testigos de casamiento, copias de mensura, informes, estadísticas oficiales y constancias administrativas.
🔹 Sector productivo y comercial: se suprimen tasas por registro de marcas ganaderas, habilitaciones de transporte público/privado, entre otros.
🔹 Área catastral: baja de aranceles en estudios de mensura, fraccionamientos y consultas técnicas.
🔹 Registros y sociedades: reducción de costos en el Registro Civil, certificaciones de registros públicos y trámites de personas jurídicas.

 “Esto representa menos trabas, menos gastos y menos tiempo perdido para los contribuyentes, y consolida un Estado más eficiente y con sentido común”, expresó el director de ATER, Jesús Korell

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Cresto propone exigir dos años de experiencia a proveedores del Estado

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El diputado provincial Enrique Cresto presentará un proyecto de resolución que propone modificar el régimen de contrataciones públicas en Entre Ríos, exigiendo que los proveedores del Estado acrediten al menos 24 meses de experiencia comprobable en el rubro correspondiente.

La iniciativa surge como respuesta a “hechos de conocimiento público ocurridos recientemente“, donde empresas sin trayectoria ni capacidad técnica fueron contratadas por el Estado, en alusión indirecta al escándalo por los comedores escolares en el departamento Concordia.

La medida abarcaría a todos los procesos de contratación provinciales, aunque se exceptuarán las MiPyMEs con domicilio fiscal en Entre Ríos y aquellas cuya producción o servicios se desarrollen íntegramente en el territorio provincial, siempre que estén debidamente inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado.

Cresto afirmó que el proyecto no busca limitar la competencia, sino establecer reglas claras, éticas y previsibles, que garanticen transparencia y eviten contrataciones irregulares o abusivas.

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