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ALQUILERES: ¿QUÉ PASA CON LOS CONTRATOS FIRMADOS SI SE SUSPENDE LA LEY VIGENTE?

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Mucho ruido en el mercado inmobiliario luego de que trascendiera que el Gobierno nacional pondría punto final a la polémica Ley de Alquileres que entró en vigencia desde julio de 2020. Este anuncio trajo incertidumbre y por el momento se especula con los posibles cambios: por estas horas suena que los futuros acuerdos volverían a tener una duración de dos años y que los aumentos se pactarían en forma semestral y libres entre las partes intervinientes.

Para los quienes buscan una vivienda para alquilar, o los que tienen que renovar su contrato, es una noticia que trae dudas, pero quienes deben mudarse deberían saber, por el momento, todo lo firmado en los contratos vigentes y hasta su vencimiento, seguirá igual. Así, los acuerdos son a tres años y con ajustes anuales a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central.

Los cambios que se estudian llegarían una vez que el Gobierno nacional, o el Congreso, resuelvan las medidas para los futuros contratos, y desde el segmento inmobiliario estiman que sería a partir de mayo próximo, publicó

Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), comentó a Infobae que “si la normativa se suspende por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no sabemos si causará un buen efecto para los inquilinos. La modificación de la normativa puede ser una salida y ojalá no todo se derogue, porque hay temas de garantías, contratos a tres años y depósito de un sólo mes al inicio del acuerdo que son medidas buenas para el inquilino”.

Expertos coinciden que es clave (incluso para los inquilinos) reformular el método de ajuste, porque es perjudicial para cualquier bolsillo. Hay que tener presente que desde que sancionó la ley los precios en CABA, Rosario y Córdoba subieron entre 320% y 330 por ciento. En Neuquén, por caso, los aumentos superaron el 306% en 33 meses consecutivos.

Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), comentó a Infobae que “volver a una Ley anterior donde los acuerdos se regían por el Código Civil y Comercial de la Nación sería lo ideal en vez de hacer un nuevo esquema. Nuestra gran preocupación es cómo hacer la indexación, pero según usos y costumbres antes se hacían aumentos escalonados en donde se reflejaba la inflación y el mercado lo toleraba. Pero aún falta información y no estamos seguros de cuales serían los cambios que quiere introducir el Gobierno nacional”

Qué tienen que saber los inquilinos

Hasta que no se decida lo contrario, los inquilinos deben saber que para la actualización de su contrato se aplica una fórmula de indexación. Para calcular el aumento se consulta el ICL que publica el Banco Central y que contempla por partes iguales la variación de la inflación (Índice de Precios al Consumidor, IPC del Indec) y de los salarios según Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

“Supongamos que si se anula el artículo 14 de la actual ley, que las partes vuelvan a pactar libremente el precio. En este momento sería un descontrol, y tal vez miles de propietarios apliquen valores exorbitantes por lo cual sería peor”, dijo Botana.

Para los contratos que vengan, se está estudiando que en la suspensión se detalle el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida.

Por lo trascendido, desde Economía analizan que en los contratos vigentes se siga aplicando la ley actual (que se suspendería en breve), ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley y en relación con los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua forma a través del Código Civil y Comercial. En este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podría ser negociada libremente por las partes.

Más opiniones

Mirta Líbera, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), aseguró que hay muy poca en oferta en La Plata, por ejemplo. “Hay reservas tomadas según cuentan nuestros colegas pero esto empezó a agitarse mucho. Y hay consultas de propietarios que también creen que esto no podría modificarse así con un DNU”.

Y con respecto a los inquilinos, detalló que es importante que quien esté por firmar el acuerdo lo haga según la ley vigente. “Pero también es verdad que esta incertidumbre le pone un cierto freno al mercado en general”, añadió Líbera.

Se genera cierta fragilidad en el mercado. Y muchos sostienen que luego de este anuncio habrá mayor inquietud hasta que todo se aclare.

Daniel Bryn, experto del sector y que realiza Monitor Inmobiliario, comentó a Infobae que “todos los que hicieron su reserva, presentaron los papeles en regla y garantías, continuarán con su contrato. Porque la gente necesita tener su hogar en donde vivir y estas cuestiones que genera la política argentina no hacen más que confundir. Hay muchas familias jóvenes que se les vencieron su contrato entre fin de marzo y ahora y no saben adonde ir”.

Mientras que Germán Matienzo, miembro de la agrupación Propietarios Unidos de Argentina, destacó: “Que se derogue la Ley de Alquileres y se vuelva al Código Civil y Comercial sería lo ideal. El tema es que no haya nada malo por detrás y que no congelen precios o eviten desalojos por no pago. Muchos propietarios tienen miedo y falta confianza, y aunque se vuelva para atrás los cambios a favor no se verán de inmediato. Que se entienda bien: los propietarios queremos alquilar la vivienda, pero la cuestión es generar cambios y que sean equilibrados para todas las partes que firman un acuerdo”.

Radio News Media: Los Charrúas https://radionewsmedia.com/

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UNER al límite: Sin presupuesto aprobado y convocatoria masiva a la protesta

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La decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso en agosto, generó una rápida reacción de las entidades universitarias.

Marina Zapata, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER, confirmó que este viernes se renovarán los reclamos locales a través de paros convocados por el frente sindical. Estas medidas de fuerza se iniciaron originalmente para exigir la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial de docentes y personal no docente.

“Lamentablemente, la ley 27.795 fue aprobada por el Congreso, pero el señor presidente la vetó”, recordó Zapata. Por este motivo, el frente sindical convocó un paro de 24 horas y además se instrumentará “una marcha universitaria el día en que Diputados vuelva a tratar la ley”, con el objetivo de que los legisladores “ratifiquen la ley de financiamiento y rechacen el veto”.

Movilización en Concordia

La vicedecana explicó que referentes de distintas instituciones de la ciudad planean reunirse el próximo lunes para coordinar cómo se replicarán las medidas a nivel local, en particular la marcha universitaria. Según Zapata, “seguramente en los primeros días de la semana que viene tendremos novedades al respecto”.

Zapata recordó que ya se realizaron dos marchas universitarias en Concordia y que esta sería la tercera. Además, destacó el acompañamiento de la sociedad local: “Agradecemos a la comunidad de Concordia, que comprendió la importancia de sostener la universidad pública y garantizar que todos puedan acceder a los estudios sin limitaciones”.

Llamado a la sociedad y a los legisladores

Para esta nueva protesta, Zapata subrayó la necesidad de que la sociedad comprenda la gravedad de la situación de las universidades públicas y que los representantes de Entre Ríos en el Congreso nacional apoyen la ratificación de la ley de financiamiento.

“De no aprobarse, iríamos por el tercer año consecutivo con presupuesto prorrogado, algo inédito en nuestro país. No tener una ley de presupuesto aprobado impide planificar, tener previsibilidad y gestionar adecuadamente los recursos que nos confía el Estado”, advirtió.

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Denuncian posibles fraudes en auditorías de pensiones por discapacidad en Paraná

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Responsables de distintos organismos de Entre Ríos presentaron este jueves una denuncia conjunta ante la Justicia federal de Paraná para que se investiguen presuntas irregularidades en las auditorías de las pensiones no contributivas realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La presentación fue dirigida al fiscal federal de turno, Martín Cabrera, por un amplio grupo de representantes y profesionales: Marcia López, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental y defensora del Pueblo de Paraná; Sandra Salina, integrante del Consejo Federal de Discapacidad; Cristina Ripari, directora de Integración y Discapacidad de la Municipalidad; Delfina Recalde, Sol Boeykens y Yasna Hamann, del Hospital Escuela de Salud Mental; Luisina Franco Mangioni, del equipo técnico del Órgano de Revisión; y Diego Vélez, director del Iprodi.

Supuestas irregularidades

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido entre el 1 y el 8 de agosto, cuando la Andis citó a beneficiarios de pensiones no contributivas a presentarse en un hotel céntrico de Paraná. La asistencia era condición para mantener la pensión y acceder al programa Incluir Salud.

Los denunciantes sostienen que las personas con discapacidad fueron atendidas por jóvenes que afirmaban pertenecer a una consultora contratada por la Andis, pero que no eran profesionales médicos. Estos se limitaban a registrar datos y diagnósticos, entregando constancias de asistencia con firmas escaneadas y sellos de médicos que no se encontraban presentes.

Entre las constancias figuraban sellos a nombre del cardiólogo Leandro Peñaloza y del médico Claudio Lapentina, ambos con números de matrícula ilegibles. Peñaloza, oriundo de Pergamino, había denunciado previamente la falsificación de su sello en auditorías realizadas en Misiones y aclaró que no mantiene vínculo alguno con la Andis, lo que refuerza la sospecha de que el mismo procedimiento se habría replicado en Entre Ríos.

Pedido de investigación

Ante esta situación, los denunciantes solicitaron a la Justicia federal que investigue los hechos y determine responsabilidades. Además, se pusieron a disposición para ampliar la información y colaborar en el avance de la causa.

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Entre Ríos en retroceso: caída histórica de empresas y empleo durante la gestión Milei

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Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela un panorama crítico para el mercado laboral y empresarial de Entre Ríos durante los primeros 19 meses de la presidencia de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y junio de 2025. Según el relevamiento, la provincia experimentó una pérdida generalizada de empleadores y puestos de trabajo registrados en casi todos los sectores de la economía.

Cierre de empresas: el comercio y la construcción entre los más afectados

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestran que la cantidad de empleadores con trabajadores registrados descendió de 17.405 a 16.833, lo que representa la desaparición de 572 empresas (-3,3%).

El sector más golpeado en términos absolutos fue Comercio al por mayor y menor, y reparación de vehículos automotores y motocicletas, que cerró 145 empresas. También se registraron caídas significativas en Transporte y almacenamiento (-77), Servicios de alojamiento y comida (-73), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-71) y Construcción (-60).

En términos relativos, los sectores que más retrocedieron fueron Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento (-15,4%), Construcción (-11,5%) y Servicios de alojamiento y comida (-10,3%).

Más de 11 mil empleos formales destruidos

El empleo registrado también evidenció un fuerte deterioro: Entre noviembre de 2023 y junio de 2025 se perdieron 11.334 puestos de trabajo (-4,0%), pasando de 281.045 a 269.711 trabajadores.

El golpe más severo afectó al sector de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, que perdió 45.468 empleos (-37,1%), marcando el ajuste más fuerte sobre el empleo estatal en décadas. Otras caídas significativas se observaron en Construcción (-3.073 empleos, -36,6%), Transporte y almacenamiento (-2.482, -25,7%) y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-1.441, -7,8%).

En contraste, algunos sectores mostraron mejoras: Enseñanza sumó 42.228 empleos (+158,1%), mientras que Comercio (+2,1%), Información y comunicaciones (+5,2%) y Energía (+3,2%) registraron incrementos modestos.

El impacto según el tamaño de las empresas

El informe de CEPA indica que el cierre de empresas se concentró principalmente en firmas de hasta 500 trabajadores, que representaron el 99,7% de los cierres. En cuanto a los puestos de trabajo, la caída se distribuyó casi por igual: el 50,2% de los empleos destruidos correspondió a empresas pequeñas y medianas, mientras que el 49,8% afectó a grandes compañías.

Conclusiones: contracción económica y efectos sobre las familias

CEPA advierte que el retroceso de Entre Ríos refleja un deterioro significativo de la estructura productiva y laboral provincial. La combinación de cierre de empresas y destrucción de empleos formales en sectores clave como la construcción, el transporte y la agricultura, sumada a la fuerte reducción del empleo público, configura un escenario de contracción que impacta directamente en la actividad económica local y en el bienestar de las familias trabajadoras.

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